LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO

. jueves, 17 de noviembre de 2011
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LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO O USUCAPION TIENE POR OBJETO TRANSFORMAR UNA SITUACION DE HECHO -LA POSESION- EN UNA DE DERECHO-RECONOCIMIENTO DE LA TITULARIDAD A FAVOR DEL POSEEDOR

CASACIÓN Nº 1500-2006

(FECHA DE EMISIÓN: 28-08-2007)

            CAS. Nº 1500-2006 AREQUIPA.

            Prescripción Adquisitiva de Dominio.

            Lima, veintiocho de agosto del dos mil siete.-
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            LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; con los acompañados, con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación correspondiente conforme a ley, emite la siguiente sentencia. 1.- MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso la sentencia de vista de fojas ochocientos setenta y ocho, su fecha veinte de Abril del dos mil seis, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que en discordia confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por José Guillermo Pariapaza Visa y Verónica Judith Porcela Luján contra Blanca Violeta Álvarez de Álvarez y Juan Elcir Álvarez Lazo, declarando a dichos demandantes, propietarios del fundo rústico denominado “La Riveros” que cuenta con un área de dos hectáreas con tres mi quinientos metros cuadrados, ubicado en el Distrito de Dean Valdivia, Islay, Arequipa inscrito en la ficha número 00080155 del Registro de Propiedad Inmueble; ordenaron la cancelación de los antiguos propietarios que aparecen en la mencionada ficha registral. 2.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha once de Septiembre del dos mil seis corriente a fojas setenta y uno del cuaderno de casación se ha declarado procedente el recurso interpuesto por Violeta Blanca Álvarez de Álvarez por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la aplicación indebida de la Novena Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 653 y del artículo II del Título Preliminar del Código Civil. 3.- CONSIDERANDO: Primero: Conforme se aprecia del tenor de la demanda de fojas setenta y cuatro subsanada a folios ochenta y seis, los citados demandantes interpusieron demanda de prescripción adquisitiva de dominio dirigiéndola contra los nombrados emplazados, solicitando que se les declare propietarios del predio rústico denominado “La Riveros” de dos hectáreas con tres mil quinientos metros cuadrados, ubicado en el Distrito Dean Valdivia, Islay, Arequipa, accesoriamente, solicitan la cancelación del Asiento Registral número 02 del Rubro c) de la Ficha número 80155 del Registro de Propiedad Inmueble de Arequipa. Segundo: Como argumentos de su pretensión, indican que se encuentran en posesión del bien subjudice por más de catorce años, desde el veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y cinco por tradición efectuada a su favor en mérito al contrato de compra venta celebrado con Antonia Micaela Oporto Ramos Viuda de Coaguila, acto jurídico que fue elevado a Escritura Pública el mismo año, acotando que desde dicha data mantienen la posesión pacífica, continúa, pública y como propietarios, contando además con justo título por lo que se encuentran bajo los supuestos de la Novena Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número 653, para adquirir el inmueble por prescripción. Tercero: Las instancias de mérito han amparado la demanda, bajo el argumento de que los actores acreditaron encontrarse en posesión del referido inmueble desde mil novecientos ochenta y cinco, habiéndola mantenido en forma pacífica, continúa, pública y como propietarios, razón por la cual desde mil novecientos noventa cumplieron con los requisitos necesarios para la adquisición de la propiedad rural vía prescripción adquisitiva; agregan que, si bien es cierto en el proceso acompañado sobre nulidad de acto jurídico y otros, seguido por la citada demandada contra los accionantes, se ha declarado nula la referida Escritura Pública de Compra Venta, también es verdad que las sentencias recaídas en tales autos no restan eficacia a la pretensión incoada, debido a que en el presente proceso no se discute la validez o no del título, debiendo tenerse en cuenta que una acción como la de autos puede ser ejercida no sólo por quien carece de título de propiedad, sino que además, por quien ostenta un título imperfecto en virtud a quién se lo otorgó no era el llamado por ley. Cuarto: Analizando los errores in iudicando denunciados, debe precisarse que la prescripción adquisitiva de dominio o usupación, tiene por objeto transformar una situación de hecho (la posesión), en una de derecho (reconocimiento de la titularidad), a favor del poseedor que no ha sido interrumpido durante el tiempo que poseyó, siempre que acredite los requisitos de continuidad, pacificidad, publicidad y como propietario, que exige la ley. Quinto: En autos ha quedado establecido que los actores vienen poseyendo el inmueble sub materia desde mil novecientos ochenta y cinco, conforme puede apreciarse de las pruebas aportadas por ellos, amparando su pretensión en lo regulado por el Decreto Legislativo número 653, promulgado en mil novecientos noventa y uno, siendo esta norma especial la que prevalece sobre la general contenida en el artículo 950 del Código Civil, teniendo en cuenta la fecha en que tomaron posesión y la de interposición de la presente demanda. Debe indicarse que no se ha acreditado que los accionantes hayan sido declarados propietarios, pues no existe resolución judicial que así lo demuestre, toda vez que el hecho de estar en posesión y conducir el inmueble por varios años, no les otorga la calidad de propietarios mientras no hayan hecho valer su derecho conforme a ley en la acción correspondiente, habiendo efectuado tal circunstancia recién con la interposición de la presente demanda. Sexto: También se encuentra acreditado que la emplazada inscribió su derecho de propiedad sobre el predio sub litis en mil novecientos noventa y siete, como se verifica del asiento registral cuya cancelación se pretende, promoviendo inmediatamente contra los actores acción de desalojo por ocupación precaria, en la que solicitó la restitución del predio sub litis, proceso que, si bien es cierto concluyó con resultado favorable a los ahora demandantes, también es verdad que se rompió con el requisito de pacificidad, pues desde dicha data hasta la de interposición de la presente demanda - veintisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve -, la parte emplazada les ha requerido la devolución del bien de su propiedad. Sétimo: En efecto, como se advierte del expediente acompañado número 97 - 99, el veinticinco de Agosto de mil novecientos noventa y nueve se admitió a trámite la demanda promovida por Blanca Violeta Álvarez de Álvarez contra los accionantes sobre reivindicación y nulidad del acto jurídico, contenido en la referida Escritura Pública, documento considerado por los actores como justo titulo en el que amparan su derecho, conjuntamente con los demás requisitos que alegan haber cumplido para acogerse a los supuestos previstos en la Novena Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número 653. Asimismo, el treinta de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la citada emplazada denunció penalmente a los actores y a Antonia Micaela Oporto Ramos viuda de Coaguila, por los delitos de estelionato y falsificación de documentos en su agravio, infiriéndose de ello, que desde la fecha en que inscribió su derecho, estuvo cuestionando el documento por el que supuestamente les fue transferida la propiedad a los demandantes del inmueble sub litis. Octavo: Por tanto, es forzoso concluir que, cuando los actores interponen su demanda se encontraba en pleno trámite la acción reivindicatoria, siendo evidente que el presente proceso se interpuso en respuesta a esta última y las sentencias recaídas en esa acción fueron adversas a los intereses de los actores, habiendo sido acompañadas en autos con anterioridad a la expedición de la sentencia de primera instancia, esto es, fueron puestas en conocimiento oportuno de los juzgadores, como también la circunstancia de que la posesión del inmueble fue restituida a la emplazada, como se advierte del acta de lanzamiento. Noveno: Siendo esto así, ha quedado de manifiesto que al incoarse la presente demanda los accionantes ya no ostentaban una posesión pacífica, pues no puede considerarse tal, la que se ve perturbada por la acción judicial de reivindicación a la que se ha hecho referencia, careciendo por ello de relevancia la alegación de los demandantes de haber poseído por más de catorce años el inmueble respecto del cual omitieron oportunamente haberlo ganado dominialmente vía usucapión. De este modo, se ha configurado la denuncia de aplicación indebida de la Novena Disposición Complementaria del Decreto Legislativo número 653, pues la pretensión incoada no debió ser analizada, bajo los alcances de dicho dispositivo, al no darse los supuestos previstos en dicha norma, toda vez que a la fecha de interposición de la demanda, ya no había pacificidad en la posesión; a esto hay que agregar que en la acción reivindicatoria no sólo se dispuso la restitución del predio a la emplazada, sino que, se declaró la nulidad del justo título de los actores, proceso que, como se ha indicado, fue promovido con anterioridad al presente. Décimo: En consecuencia, resulta irrelevante al caso de autos, quién sea la persona que haya transferido el derecho de propiedad del inmueble a los demandantes para determinar el derecho a la prescripción adquisitiva, advirtiéndose que los juzgadores no han tomado en cuenta lo dispuesto en el artículo 950 del Código Civil, pues a la fecha de interposición de la presente demanda, su posesión no era pacífica, requisito previsto en dicha norma para acceder a la propiedad por prescripción adquisitiva, por lo que, bajo los supuestos de tal dispositivo, la referida pretensión deviene objetivamente en infundada. Por estas consideraciones, este extremo del recurso de casación resulta amparable. Undécimo: Con respecto a la denuncia de aplicación indebida del artículo II del Título Preliminar del Código Civil, la invocación de dicha norma por parte del Colegiado es completamente incongruente y contradictoria con la materia de autos, dado que, de ampararse la presente acción, se estaría convalidando un acto de abuso de derecho en perjuicio de la demandada; agréguese a ello que el artículo 70 de la Constitución Política garantiza el derecho de ésta para oponerse a la pretensión de los actores, toda vez que es la legítima propietaria del inmueble sub litis; por tanto, este extremo de la casación también debe ser amparado. 4.- DECISIÓN  Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ochocientos noventa y nueve por doña Blanca Violeta Álvarez de Álvarez, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas ochocientos setenta y ocho de fecha veinte de Abril del dos mil seis; actuando en sede de instancia REVOCARON la resolución apelada de fojas quinientos cuatro de fecha treinta y uno de Julio del dos mil dos, que declaró fundada la demanda; REFORMANDOLA la declararon INFUNDADA; en los seguidos por don José Guillermo Pariapaza Visa y otra, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron.- SEÑOR VOCAL PONENTE: SALAS MEDINA -

            SS.
            SANCHEZ PALACIOS PAIVA
            GAZZOLO VILLATA
            PACHAS AVALOS
            FERREIRA VILDOZOLA
            SALAS MEDINA

EL ESTADO PUEDE TENER DOS TIPOS DE PROPIEDADES, LAS DE DOMINIO O USO COMÚN Y LAS DE DOMINIO PRIVADO

. miércoles, 16 de noviembre de 2011
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EL ESTADO PUEDE TENER DOS TIPOS DE PROPIEDADES, LAS DE DOMINIO O USO COMÚN COMO REPRESENTANTE DE LA NACIÓN Y LAS DE DOMINIO PRIVADO QUE SE DA CUANDO EL ESTADO ACTUA COMO CUALQUIER SUJETO DE DERECHO

CASACIÓN Nº 269-2007

(FECHA DE EMISION: 21-08-2007)

            CAS. Nº 269-2007 PIURA.

            Prescripción Adquisitiva de Dominio.

            Lima, veintiuno de agosto del dos mil siete.-
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            LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLlCA; de conformidad con lo dictaminado por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública Ilevada a cabo en la fecha y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso la sentencia de vista de fojas doscientos setenta y tres, su fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis, expedida por la Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Piura, que revocó la sentencia de primera instancia que declaró FUNDADA la demanda interpuesta por Paulina Málaga de García Miró y otros contra La Superintendencia de Bienes Nacionales, sobre prescripción adquisitiva de dominio y REFORMÁNDOLA la declaró IMPROCEDENTE. 2.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha diecinueve de Marzo del dos mil siete corriente a fojas veinticuatro del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por Paulina Málaga de García Miró y otros por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil, relativa a la interpretación errónea del artículo 73 de la Constitución Política del Estado. 3.- CONSIDERANDO: Primero: Los recurrentes esgrimen como fundamentos de la causal invocada, que la norma denunciada permite la aplicación del artículo 950 del Código Civil, respecto a la procedencia de la prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes de propiedad estatal que no tengan la condición de públicos, ocurriendo que en el presente caso, el inmueble materia de litis fue de propiedad de Petro Perú Sociedad Anónima, empresa estatal de derecho privado y posteriormente se inscribió a nombre de la demandada, precisando que la partida registral no indica la calidad de bien público, por lo que mantiene el carácter de bien estatal de dominio privado. Segundo: En tal contexto, de autos se advierte que los recurrentes interpusieron demanda de prescripción adquisitiva de dominio solicitando que se les declare propietarios del inmueble ubicado en el kilómetro 1212 + 00 al 1212 + 200 de la antigua Panamericana Norte, Zona de Vichayitos Norte, Distrito de Los Órganos, Provincia de Talara, Departamento de Piura, inscrito a nombre de la Superintendencia de Bienes Nacionales en la Partida Registral número 0037033 del Registro de Propiedad Inmueble de Sullana, teniendo un área de 30,700 Metros Cuadrados, argumentando que ejercen la posesión pacifica, continua, pública y como propietarios desde mil novecientos noventa y dos, como consta de la certificación otorgada por el Juez de Paz del Distrito de Los Órganos y demás documentos que acompañan con su demanda. Tercero: Analizando el agravio denunciado debe precisarse que el Estado puede tener dos tipos de propiedades, las de dominio o uso común y las de dominio privado; la primera tiene su fundamentación en que el Estado es el representante de la Nación, y el segundo tipo de propiedad se presenta cuando el Estado actúa como cualquier sujeto de derecho. Cuarto: Para que un bien sea considerado de dominio o uso público, éste tiene que estar destinado al uso o servicio público, es decir afectado a una actividad pública y la relación del Estado con estos bienes no es exactamente de propiedad, en vista de que no puede disponer libremente de ellos; en cambio, en los bienes de dominio privado del Estado, la relación sí es de propiedad con todos sus atributos, consecuentemente se regula de acuerdo a las normas del derecho común, conforme se desprende del texto del artículo III del Título Preliminar del Reglamento de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por Decreto Supremo número 154-2001-EF. Quinto: El artículo 73 de la Constitución Política del Estado, no regula el régimen de todos los bienes del Estado, únicamente lo hace respecto a los de dominio y de uso público, estableciendo que tienen la característica de ser inalienables e imprescriptibles los bienes de dominio público, esto es que no pueden ser enajenados ni es posible derivar de la posesión prolongada en el tiempo sobre ellos, derecho de propiedad alguno. Sexto: En el caso de autos, el inmueble materia de litis no tiene la calidad de bien de dominio o uso público, toda vez que se trata de una propiedad inscrita a nombre de la entidad demandada, por lo que teniendo la calidad de bien sujeto al régimen de propiedad privada le es aplicable la normatividad prevista en el Código Civil y las leyes de la materia; por consiguiente, habiendo cumplido los accionantes con lo establecido en el artículo 950 del Código acotado, resulta amparable su pretensión. 4.- DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas, resulta de aplicación lo establecido en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos ochenta y cuatro por doña Paulina Málaga de García Miro y otros, en consecuencia, NULA la resolución de vista obrante a fojas doscientos setenta y tres su fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis; actuando en sede de instancia CONFIRMARON la resolución apelada de fojas doscientos cuarenta y siete de fecha veintiséis de Julio del dos mil seis que declaró FUNDADA la demanda interpuesta a fojas noventa y uno por doña Paulina Malaga de García Miro; con lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos con la Superintendencia de Bienes Nacionales; sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron.- SEÑOR VOCAL PONENTE: SALAS MEDINA -

            SS.
            SANCHEZ PALACIOS PAIVA,
            GAZZOLO VILLATA,
            PACHAS AVALOS,
            FERREIRA VILDOZOLA,
            SALAS MEDINA


NO PROCEDE EL DESALOJO ENTRE CO PROPIETARIOS

. viernes, 11 de noviembre de 2011
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NO PROCEDE EL DESALOJO ENTRE CO PROPIETARIOS - PETITORIO JURIDICAMENTE IMPOSIBLE

CASACIÓN Nº 4211-2007

(FECHA DE EMISIÓN: 20-11-2007)


            CAS. Nº 4211-2007 ICA.

            Desalojo por Vencimiento de Contrato.

            Lima, veinte de noviembre del dos mil siete.-
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            LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número cuatro mil doscientos once - dos mil siete; en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación correspondiente, de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Juana Áurea Silva Ramírez viuda de Benavides de fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y siete, contra la resolución de vista de fojas ciento cincuenta y seis a ciento cincuenta y nueve, su fecha diez de julio del presente año, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, en el extremo que revocó la sentencia apelada de fojas ciento treinta a ciento treinta y tres, su fecha dos de mayo del presente año, y, reformándola, declaró improcedente la demanda interpuesta. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala ha declarado procedente el recurso mediante resolución de fecha veintiocho de setiembre del presente año, por la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señalando el recorte de su derecho de defensa, al no realizar un pronunciamiento puntual sobre los presupuestos en que se sustenta la demanda; siendo que el razonamiento de la recurrida, resulta defectuoso, al no sujetarse al mérito de lo actuado y a derecho, presentándose así una motivación aparente. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- Que, la motivación de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, norma constitucional que ha sido recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inciso 6 del artículo 50 e inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, cuya contravención origina la nulidad de la resolución, conforme lo disponen las dos últimas normas adjetivas señaladas. Segundo.- Que, la motivación es esencial en los fallos, ya que los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una recta administración de justicia, evitándose con ello arbitrariedades y permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al Superior Jerárquico las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto los errores que puede haber cometido el juzgador. Tercero.- Que, la verificación de una debida motivación sólo es posible si la sentencia hace referencia a la manera en que debe inferirse de la ley la solución judicial y si se exponen las consideraciones que fundamentan las subsunciones del hecho, bajo las disposiciones legales que aplica (Augusto M. Morello. “La casación. Un modelo intermedio eficiente”. 2ª edición actualizada. Librería Editorial Platense. Buenos Aires 2000. Página 151). Lo que en el caso de la motivación de una pretensión de desalojo se convierte en indispensable, ya que en el contexto de estar frente a un supuesto de copropiedad entre demandante y demandado, debe haber un análisis en atención a establecer la viabilidad de la demanda. Cuarto.- Que, según se aprecia, entre la resolución de segunda instancia y la de primera instancia, se ha suscitado un cambio sustancial, dado que en aquélla se ha resuelto declarar la improcedencia de la demanda, sustentándose en que la devolución del inmueble pudo haber sido solicitada hasta antes que el demandado se convierta en copropietario, fundamentando tal supuesto de improcedencia en que no procede el desalojo entre copropietarios. Quinto.- Que, al respecto se debe observar que en autos la condición de copropietarios que tienen las partes no ha sido negada por éstas, de manera que venía al caso analizar ante todo la posibilidad de mantener la relación jurídico procesal frente a una especial situación que no fue expuesta en la demanda; para ello, el ordenamiento procesal autoriza al Juzgador que, de manera excepcional al momento de sentenciar puede pronunciarse sobre la validez de la relación jurídico procesal (artículo121 in fine del Código Procesal Civil). Sexto.- Que, en ese sentido, el Colegiado Superior advierte que, no resulta viable el desalojo entre copropietarios, dejando a salvo el derecho de la demandante para que lo haga valer conforme a ley, por ello, tal pronunciamiento supone establecer que los elementos expuestos en la demanda dejan de tener todo asidero y respaldo legal (para efectos de un pedido de desalojo), dado que el pronunciamiento de la Sala de Mérito supone que se está ante un petitorio que es jurídicamente imposible (numeral 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil); por tanto, la recurrida se encuentra adecuadamente fundamentada, en atención a los hechos que se han acreditado en el proceso; por lo que la casación debe ser desestimada. 4. DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas y estando a lo establecido en los artículos 397 y 398 del Código Procesal Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y siete, interpuesto por doña Juana Áurea Silva Ramírez viuda de Benavides, en consecuencia, NO CASAR la resolución de vista de fojas ciento cincuenta y seis a ciento cincuenta y nueve, su fecha diez de julio del presente año, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica. b) CONDENARON a la recurrente al pago de una multa ascendente a una Unidad de Referencia Procesal, así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos con don Luis Jesús Escate Gómez, sobre desalojo por vencimiento de contrato; interviniendo como Vocal Ponente el Señor Miranda Canales; y los devolvieron.-

            SS.
            VÁSQUEZ VEJARANO
            CAROAJULCA BUSTAMANTE
            MANSILLA NOVELLA
            MIRANDA CANALES
            VALERIANO BAQUEDANO


ANULACION DE ESCRITURA PÚBLICA

. jueves, 10 de noviembre de 2011
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ANULACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA - INEFICACIA DEL ASIENTO DE INSCRIPCION

CASACION Nº 1434-2006

(FECHA DE EMISION: 08-11-2006)

            CAS. Nº 1434-2006 LIMA.

             Nulidad de Acto Jurídico.

             Lima, ocho de noviembre del dos mil seis.-
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            EL VOTO DE LOS SEÑORES VOCALES TICONA POSTIGO,, CARRION LUGO Y PALOMINO GARCIA,, ES COMO SIGUE. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, vista la causa el día de la fecha, producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas setecientos ochentiséis, su fecha veinte de Octubre del dos mil cinco, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, confirmando la sentencia de primera instancia, declara infundada la demanda; en los seguidos por don Félix Quispe Quispe contra don Pedro Carrasco Mosquera y otros, sobre mejor derecho de propiedad y otras pretensiones; FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fojas treinticinco del cuadernillo de casación, su fecha veinticuatro de Julio último, se ha declarado procedente el recurso de casación propuesto por el demandante, don Félix Quispe Quispe, por las causales relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de normas de derecho material y contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso; CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente la denuncia casatoria por las causales antes mencionadas, de primera intención, debe examinarse la causal in procedendo, pues, de declararse fundado el recurso por dicha motivación resultaría innecesario examinar las demás causales invocadas; Segundo.- Como se ha anotado precedentemente, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal relativa a la contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso, en base a la alegación hecha por el impugnante consistente en los puntos siguientes: a) Que al emitirse la resolución impugnada se ha infringido el artículo 122, inciso 4, del Código Procesal Civil, pues -refiere- que, según los puntos controvertidos establecidos en autos, no es materia de la controversia la interpretación del documento celebrado por los demandados en el mes de agosto de mil novecientos noventidós, por lo que el pronunciamiento emitido por la Sala Superior en ese sentido constituye un pronunciamiento extrapetita y viola lo dispuesto en el Artículo VII del Título Preliminar del citado Código Formal y artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado; b) Que la indicada resolución, también contiene un pronunciamiento extrapetita al haberse declarado de oficio la nulidad de la escritura pública de compraventa otorgada a su favor, pues -sostiene- que tal extremo no fue fijado como punto controvertido, en atención -alega- que la pretensión incoada está referida únicamente a la nulidad de la citada escritura pública como documento formal, infringiéndose de esta forma las normas antes glosadas; Segundo.- Examinado el error in procedendo denunciado es del caso señalar que en materia casatoria sí es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso. El derecho a un debido proceso supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso no sólo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio; Tercero.- Para determinar si en el caso de autos se ha infringido o no el debido proceso en los términos denunciados, es del caso efectuar las siguientes precisiones: 1) El accionante, don Félix Quispe Quispe, interpone la presente demanda solicitando se declare su mejor derecho de propiedad respecto del área de veintiocho punto cincuenta metros cuadrados, aduciendo que dicha área es parte integrante del lote de su propiedad, ubicado en la Manzana I, lote uno, sector dos y Grupo tres, avenida Juan Velasco Alvarado, Villa El Salvador, que tiene un área total de ciento noventa metros cuadrados y que le fuese transferido por don David Cuzcano Sánchez, mediante minuta de fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventiuno, elevada a escritura pública con fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventicinco e inscrita en los registros de la propiedad inmueble con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco; 2) Solicita, asimismo, en vía de acumulación que se declare la nulidad del acto jurídico de compraventa celebrado entre los demandados: don David Cuzcano Sánchez, como vendedor, y don Pedro Carrasco Mosquera y doña Ambrosia Vela Chirinos, como compradores, respecto del área de veintiocho punto cincuenta metros cuadrados, que es parte integrante del bien de su propiedad. Además, solicita la entrega de la referida área y el pago de una indemnización de cincuenta mil nuevos soles por los daños y perjuicios que -según alega- se le ha causado; 3) El codemandado, don David Cuzcano Sánchez ha transigido con el demandante respecto de la pretensión incoada, en los términos que fluyen del documento obrante a fojas doscientos sesentisiete, siendo que dicha transacción ha sido aprobada y homologada por el Juzgado, tal como se verifica a fojas doscientos setenticuatro; 4) El codemandado don Pedro Carrasco Mosquera, al contestar la anotada demanda ha negado los hechos contenidos en la misma y ha formulado reconvención, peticionando se declare la anulación e ineficacia de la minuta de compraventa de fecha ocho de septiembre del dos mil uno (inserta en la escritura de fojas tres), accesoriamente se declare la anulación e ineficacia de la escritura pública número cero cero cero uno uno siete (que contiene el acto jurídico de compraventa a favor del demandante) y se declare la anulación e ineficacia del asiento en que corre inscrito dicho título, se le indemnice por daño moral y económico en la suma de cincuenta mil dólares norteamericanos y se declare la partición, desmembración y accesoriamente se disponga la inscripción del lote de su propiedad que viene poseyendo; 5) La codemandada doña Ambrosia Vela Chirinos al absolver el traslado de la demanda, igualmente, ha negado la presente demanda, y además, ha formulado reconvención a fin de que se declare su mejor derecho a la propiedad del lote materia de autos. Asimismo, reclama que se declare la anulación e ineficacia de los asientos registrales en el que se encuentra inscrito el alegado derecho de propiedad del demandante; 6) En la audiencia de conciliación se fijaron como puntos controvertidos de la demanda, si procede declarar el mejor derecho de propiedad del demandante respecto del área en litis, si procede declarar la nulidad del acto jurídico celebrado por los demandados respecto del área en litis y si procede la indemnización. En cuanto a la reconvención, si procede la indemnización y declararse la nulidad de la minuta de compraventa del demandante, asó como si era procedente declarar el mejor derecho a la propiedad respecto del bien sub litis a favor de Ambrosia Chirinos de Carrasco y su cónyuge, el demandado Pedro Carrasco y si procede declarar la anulación e ineficacia de los asientos registrales en los que se encuentra registrado el bien a favor del demandante; 7) La resolución de vista ha concluido en confirmar la apelada que declara infundada la demanda y ha revocado la propia resolución desestimando por improcedente la reconvención formulada por el codemandado don Pedro Carrasco Mosquera; confirmando, asimismo, la apelada en la parte que declara fundada la demanda reconvencional de mejor derecho de propiedad propuesta por la codemandada, doña Ambrosia Vela Chirinos. En dicha resolución también se constata que la Sala Superior ha declarado de oficio la nulidad parcial del acto jurídico contenido en la escritura pública de compraventa otorgada a favor del demandante, respecto de la extensión del terreno materia de litis (veintiocho punto cincuenta metros cuadrados), ordenándose la cancelación del asiento registral en el que corre inscrita dicha venta y ordena, asimismo, la desmembración del lote materia de autos; 8) La Sala Superior para arribar a declarar de oficio la nulidad de la escritura pública de compraventa otorgada a favor del demandante, ha hecho uso de los artículos V y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 220, 219, inciso 3, 224 y 949 del Código Civil, precisando -en la acotada resolución- de que el acto jurídico contenido en la aludida escritura pública carece de objeto jurídicamente posible respecto de la extensión del terreno sub litis y que por tal razón, no podía ser transferido el derecho (de propiedad) sino por su legítimo titular; Cuarto.- Conforme a lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, “el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Este principio supone que el Juez es conocedor del derecho y que las partes no necesariamente deben ser conocedores del derecho, sino de los hechos. Es que la fundamentación jurídica de la pretensión procesal puede ser errada o simplemente no esté fundamentada adecuadamente en materia jurídica. Es ante tal supuesto que el Juez debe aplicar el derecho que corresponda a la controversia, siendo tarea fundamental del Juzgador el determinar la norma jurídica sustantiva aplicable al caso para resolver el conflicto; Quinto.- En el presente caso, la Sala Superior al concluir en declarar de oficio la nulidad de la escritura pública de compraventa otorgada a favor del demandante, indica que el referido acto jurídico carece manifiestamente de objeto jurídicamente posible, en razón de que la transferencia de la titularidad de bienes inmuebles es consensual, según el artículo 949 del Código Civil. Sin embargo, resulta evidente que tal decisión contiene un deficiente análisis de los hechos y de los medios probatorios aportados al proceso, en atención a que si bien es cierto que una de las causales de nulidad de los actos jurídicos opera cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable; también lo es que, para llegar a tal análisis la citada Sala Superior sólo ha merituado la transferencia del área en litis a favor de la parte demandada efectuada mediante el documento de fojas veintiocho sin compulsar los demás pruebas actuadas en el desarrollo de la litis. Por lo demás, la declaración de nulidad de oficio sólo es viable si la nulidad resultase manifiesta y siempre que no haya sido objeto de la demanda, lo que no ocurre en el caso de autos, pues como se ha anotado precedentemente, el codemandado don Pedro Carrasco Mosquera, al contestar la anotada demanda formuló reconvención, peticionando, entre otras pretensiones, que se declare la anulación e ineficacia de la escritura pública obrante a fojas tres, cuya nulidad de oficio sanciona la Sala Superior al dirimir la contienda, lo que resulta violatorio al debido proceso; Quinto.- Consecuentemente, habiéndose determinado que la decisión impugnada infringe las normas procesales antes enunciadas, el presente medio impugnatorio debe declararse fundado por ser evidente la transgresión al debido proceso en los términos denunciados y ordenarse que la Sala expida una nueva resolución según las consideraciones precedentes; Por tales consideraciones, NUESTRO VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Félix Quispe Quispe, por la causal relativa a la contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso y, en consecuencia, en observancia de lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 396 del mencionado Código Adjetivo, se declare NULA la sentencia de vista de fojas setecientos ochentiséis, su fecha veinte de Octubre del dos mil cinco; SE ORDENE que la Sala Superior emita una nueva decisión analizando adecuadamente los hechos y valorándose todo el caudal probatorio aportado por ambas partes; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Félix Quispe Quispe contra don Pedro Carrasco Mosquera y otro, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y se devuelva.-

            S.S.
            TICONA POSTIGO
            CARRIÓN LUGO
            PALOMINO GARCÍA

            EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES VOCALES SUPREMOS FERREIRA VILDÓZOLA Y HERNÁNDEZ PÉREZ, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero: Que, atendiendo a los efectos que genera la invocación y sustentación de las causales casatorias sustantivas y procesales es preciso comenzar analizando la causal in procedendo, puesto que de ser amparado, carecería de objeto emitir un pronunciamiento sobre los demás extremos del recurso de casación; Segundo: Que, la controversia en el caso de autos, se circunscribe en establecer, si el actor tiene mejor derecho a la propiedad de un área de veintiocho punto cincuenta metros cuadrados, lote que se encuentra ubicado en la Manzana “I” lote uno, sector dos, grupo tres, con frente colindante con la Avenida Juan Velasco Alvarado - Villa El Salvador; y si procede declarar la nulidad por causal de simulación del contrato de compra- venta celebrado por David Cuzcano Sánchez y los emplazados Pedro Carrasco Mosquera y su cónyuge, predio inscrito en los Registros Públicos en el mes de agosto de mil novecientos noventidós; Tercero: Que, en cuanto a la denuncia de contravención de normas que garantizan la observancia del debido proceso, manifiesta el emplazante que el Colegiado al emitir la resolución impugnada ha transgredido el artículo ciento veintidós inciso cuarto del Código Procesal Civil, argumentando que no es materia de controversia la interpretación del documento celebrado por los emplazados en el mes de agosto de mil novecientos noventidós, y que al pronunciarse la Sala en dicho sentido ha ido más allá de sus atribuciones con su pronunciamiento extrapetita, violando lo dispuesto en el artículo Séptimo de Título Preliminar del Código Adjetivo y el artículo ciento treintinueve inciso tercero de la Constitución Política del Perú; que al respecto, la pretensión está referida a la nulidad de la mencionada escritura pública como documento formal y que conforme es de apreciarse de autos los demandados no tienen inscrito su derecho de propiedad ante Registro Predial respecto del área del bien materia de litis, y que éstos haciendo valer su derecho oponen su contrato de compraventa señalado en el sexto considerando de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil cuatro frente al título presentado por el accionante, ya que el referido documento con que acredita su propiedad tiene fecha cierta tal como lo prevé el inciso segundo del artículo doscientos cuarenticinco del Código Procesal Civil, por lo que al encontrarse ante la presencia de dos propietarios y que al efectuar el análisis correspondiente a los extremos de la contravención que se apelan, debe considerarse que lo que se pide es la nulidad del contrato de compraventa de fecha ocho de setiembre de mil novecientos noventiuno, en donde se sostiene que se ha adulterado la fecha y el área transferida a favor del demandante lo cual infringe las normas antes citadas, razones suficientes que ha tenido el Colegiado para declarar de oficio la nulidad de la escritura pública de compraventa; Cuarto: Que, respecto a la denuncia de interpretación errónea del numeral mil ciento treinticinco del Código Civil, el demandante refiere que su derecho de propiedad se encuentra inscrito desde el veintiséis de agosto de mil novecientos noventitrés, lo que ha sido reconocida por las propias instancias inferiores al emitir su fallo, siendo que la interpretación correcta de la indicada norma está referida a la concurrencia de acreedores de bien inmueble que no cuenten con tal derecho, como erróneamente ha sido interpretada la aludida norma al resolverse el proceso; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la interpretación concordada del artículo mil ciento treinticinco del Código Civil y el artículo doscientos cuarenticinco del Código Procesal Civil, la Sala Superior la reviste de facultades para arribar a la conclusión que el documento de fecha cierta más antiguo otorga el mejor derecho de propiedad sobre el bien materia de litis, en este caso, el de los co-demandados Pedro Carrasco Mosquera y cónyuge Ambrosia Anastasia Vela Chirinos de Carrasco; Quinto: Que, con relación a la causal denunciada de inaplicación de los artículos dos mil dieciséis y dos mil veintidós del Código Civil, el recurrente sostiene que dichas normas son aplicables para dirimir la controversia, pues regulan los principios registrales de propiedad y prelación, los mismos que deben ser concordados con las normas contenidas en los artículos dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce del Código Sustantivo, siendo que las citadas normas no han sido aplicadas al expedirse la recurrida; al respecto, si bien es cierto el Colegiado al expedir su resolución no ha dado aplicación de las normas sustantivas denunciadas, sin embargo, en el presente caso la aplicación de dichas normas no guardan una conexión lógica fáctica que obedezca ser considerados como fundamentación jurídica en el presente caso; Sexto: Que, en cuanto a la causal de aplicación indebida de los artículos doscientos diecinueve inciso tercero y doscientos veinticuatro del Código Civil, el accionante sustenta la misma al referir que no resulta factible que se declare la nulidad de oficio de la escritura pública otorgada a su favor, pues dicha decisión carece de sustento legal que la ampare, agregando además, que la posibilidad jurídica de un determinado objeto está referido a la conformidad con el ordenamiento jurídico, así como con la determinabilidad del mismo, que a su vez se encuentra referida a la identificación del objeto, situación fáctica que no ha sido tenida en cuenta al expedirse la mencionada resolución, arguyendo además que la nulidad que se ha declarado en la recurrida se fundamenta en una causal que no resulta aplicable al caso de autos, en atención a que no existe imposibilidad jurídica respecto al objeto del citado acto jurídico; sin embargo, como es de apreciarse de su contexto, dichas normas han sido aplicadas en concordancia de acuerdo con el artículo novecientos cuarentinueve del Código Sustantivo, a fin de establecer que el contrato de compra venta del seis de agosto de mil novecientos noventicinco resultaba ser un acto jurídico nulo al ser su objeto jurídicamente imposible pues conforme a la teoría de la consensualidad en la transferencia de la propiedad previsto por dicho numeral sustantivo, dicho derecho sólo podía ser transferido por su legitimo propietario; Séptimo: Que, en consecuencia de la revisión efectuada a la resolución materia de casación, se tiene que el Colegiado ha actuado conforme a ley, no advirtiéndose infracción alguna ni la transgresión de las normas denunciadas, deviniendo por tanto en infundado el recurso impugnatorio; Octavo: Que, por consiguiente, al no verificarse las causales denunciadas, resulta de aplicación lo previsto en el artículo trescientos noventisiete del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones: NUESTRO VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas setecientos noventiocho, por don Félix Quispe Quispe; en consecuencia NO CASAR la resolución de vista de fojas setecientos ochentiséis, su fecha veinte de octubre de dos mil cinco; CONDENAR al recurrente al pago de una multa de dos Unidades de Referencia Procesal así como al pago de las costas y costos originados en la tramitación del recurso; DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por don Félix Quispe Quispe contra don Pedro Carrasco Mosquera y Otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron.-

            S.S.
            FERREIRA VILDÓZOLA
            HERNÁNDEZ PÉREZ