lunes, 23 de enero de 2017

IX PLENO CASATORIO CIVIL


JURISPRUDENCIA

Miércoles 18 de enero de 2017 / El Peruano

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

IX PLENO CASATORIO CIVIL

CASACIÓN Nº 4442-2015 MOQUEGUA

Demandantes              : Mejía García, Liliana Amanda Barrios Carpio, Jubert Alberto

Demandados               : Reátegui Marín, Rosa Estrella Collantes Arimuya, Ángel Gabriel

Materia                        : Otorgamiento de escritura pública

Vía procedimental      : Proceso sumarísimo

Sumario:

I. Resumen del proceso

II. Justificación del Pleno Casatorio y delimitación de la cuestión jurídica a dilucidar
III. Las opiniones de los amicus curiae

IV. Planteamiento del problema

IV.1. El contrato y sus efectos

IV.2. El principio de la libertad de forma

IV.3. Las formas ad solemnitatem y ad probationem

IV.4. La naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública

IV.5. El proceso de calificación del acto jurídico

IV.6. Control de validez del acto que se pretende elevar a escritura pública

IV.6.1. Declaración de oficio de la invalidez del acto que se pretende elevar a escritura pública

IV.6.2. Declaración de oficio de la invalidez y principios del proceso

IV.7. Casos específicos sobre otorgamiento de escritura pública

IV.7.1. El contrato de compraventa

IV.7.2. El contrato de donación y el contrato de anticresis

IV.8. Control de eficacia del acto que se pretende elevar a escritura pública

IV.8.1. La condición suspensiva, el plazo suspensivo y el otorgamiento de escritura pública

IV.8.2. La excepción de incumplimiento y el otorgamiento de escritura pública

IV.8.3. La resolución del contrato y el otorgamiento de escritura pública

V. Análisis del caso

VI. Decisión

SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO CASATORIO CIVIL REALIZADO POR LAS SALAS CIVILES PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
En la ciudad de Lima, Perú, a los 09 días del mes de agosto de 2016, los señores Jueces Supremos, reunidos en sesión de Pleno Casatorio, han expedido la siguiente sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil. Vista que fue la causa en Audiencia Pública del Pleno Casatorio de fecha 08 de junio de 2016, oídas que fueron las exposiciones de los señores abogados invitados en calidad de amicus curiae (Amigos del Tribunal), discutida y deliberada que fue la causa, siendo la magistrada ponente la señora Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, de los actuados resulta:

viernes, 20 de enero de 2017

RESOLUCIÓN DE CONTRATO


LOS EMPLAZADOS JOSÉ EVERTH ESPINOZA HIPÓLITO Y AMELIA TORIBIO SOLÍS HAN INCURRIDO EN CAUSAL SOBREVIVIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO AL HABER INCUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN CONSISTENTE EN EL PAGO DE LAS LETRAS, POR LO QUE RESULTA ATENDIBLE LA PRETENSIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, CONFORME A LO NORMADO POR EL ARTÍCULO 1371 DEL CÓDIGO CIVIL, ENCONTRÁNDOSE LA SENTENCIA RECURRIDA DEBIDAMENTE MOTIVADA.

CAS. Nº 1864-2014 HUÁNUCO

Lima, ocho de julio de dos mil quince.

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LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil ochocientos sesenta y cuatro - dos mil catorce; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís a fojas doscientos sesenta y tres, contra la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y seis, de fecha dos de junio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirma la sentencia apelada de fojas ciento setenta y nueve, de fecha diez de setiembre de dos mil trece, que declara fundada en parte la demanda interpuesta sobre Resolución de Contrato; infundada respecto a la pretensión accesoria de Indemnización por Daños y Perjuicios; y la Integraron a efectos que los demandados restituyan el inmueble sub litis a favor de la demandante; en los seguidos por José Everth Espinoza Hipólito y otra contra Olinda Cruz Peña Vásquez, sobre Resolución de Contrato y otro. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, de fojas ochenta y uno del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal, por la causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, por la cual se denuncia: A) El artículo 1429 del Código Civil: Alegan que el juzgador no aplica de manera idónea la citada norma con relación a la resolución de contrato, ya que al optar la demandante por el requerimiento, admitió a la vez someterse al procedimiento estipulado por la norma, es así que tenía que establecer un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación por parte de los demandados, plazo que incluso podía ser mayor a los quince días, es así que en la resolución materia del presente recurso impugnatorio no está aplicando debidamente la norma, ya que este señala que dicha inaplicación de la norma constituye fundamento para declarar la improcedencia de la demanda, sin embargo la norma sustantiva aplicable es de estricto cumplimiento y que incluso señala que puede ser un plazo mayor a los quince días por lo que la interposición de la demanda en un plazo que se hizo no sustenta el incumplimiento del proceso ya previsto por la norma; B) El artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú: Sostiene que la recurrida no se encuentra debidamente motivada tanto con fundamentos de hecho como de derecho, pues no se sustenta en base a que se establece el monto de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) por concepto de compensación equitativa por el uso del bien, no se hace referencia a los intereses legales al precio pagado ascendente a la suma de cuatro mil dólares  americanos (US$.4,000.00) y el importe de cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80), que oportunamente hicieron la entrega los demandados los mismos que hasta la fecha han generado intereses. Que la presente demanda debió ser declarada improcedente, ya que no existe legitimidad para obrar de la demandante para pretender la resolución del contrato ni mucho menos indemnización por daños y perjuicios, pues en dicho contrato se menciona que los vendedores dejan claramente establecido que no es necesario la intervención de ellos, ni de autorización escrita alguna para que CONEMINSA otorgue la escritura pública de compraventa definitiva a los recurrentes, de lo cual se entiende que no habría legitimidad para obrar de la demandante, resultando legitimada CONEMINSA para instaurar acciones legales, lo cual hace devenir en improcedente la petición de la demandante. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, del examen de los autos se advierte que la demandante Olinda Cruz Peña Vásquez interpone demanda a fojas dieciocho, subsanada a fojas treinta, solicitando que se declare la Resolución de Contrato de Cesión de Transferencia, por incumplimiento de cláusula contractual. Y accesoriamente solicita el pago de treinta mil nuevos soles (S/.30,000.00), por concepto de Indemnización, por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual, sostiene como fundamentos fácticos de su demanda lo siguiente: 1) Con fecha once de mayo de dos mil uno (cuatro de octubre de dos mil, a fojas cuatro), celebró junto con su esposo Adolfo Martínez Mantilla, un contrato de compraventa con la empresa CONEMINSA mediante el cual adquirió el inmueble Departamento número 101, Edificio A-8, Conjunto Habitacional Multifamiliar Paucarbamba, Amarilis – Huánuco, por el precio de quince mil doscientos dos dólares americanos con diez centavos (US$.15,202.10), que debía cancelarse de la siguiente manera: pago inicial de mil quinientos veinte dólares americanos con veintiún centavos (S/.1,520.21) cancelado a la firma de la minuta y el saldo en quince años; 2) Con fecha once de mayo de dos mil uno, suscribieron con los demandados un contrato de transferencia, cediendo su posesión contractual en calidad de compradores sobre el inmueble, pactando que los demandados se harían cargo de los pagos acordados con CONEMINSA hasta la total cancelación del precio de la venta; 3) En la cláusula cuarta del contrato de transferencia de derechos, se observa que los demandados declararon conocer sobre el estado de la documentación del inmueble que adquirieron, asumiendo el pago de todas (las cuotas mensuales durante quince años a favor de CONEMINSA) para lo cual les entregaron en contraprestación el monto de cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00) en dos partes, la primera parte por tres mil dólares americanos (US$.3,000.00) a la firma del contrato y el saldo de mil dólares americanos (US$.1,000.00) en el mes de junio de dos mil uno; 4) Cuando la recurrente y su esposo adquirieron la propiedad del citado inmueble lo hicieron a condición ad corpus, tomando posesión inmediata del bien, esta posesión fue inmediatamente trasladada a los demandados, quienes vienen ocupando el inmueble desde la fecha que celebró el contrato de Cesión de Derechos; 5) Los demandados incumplieron con su obligación de pago, hecho que recién se enteró al solicitar un crédito y encontrarse con la desagradable sorpresa de que existían una serie de letras protestadas por falta de pago. CONEMINSA les ha venido requiriendo en forma reiterativa el pago de las letras cuya deuda fue subrogada a los demandados. En el estado de cuenta que se adjunta, se observa que al día once de julio de dos mil once, existe una deuda de cuarenta y ocho mil ciento veintiún nuevos soles con siete céntimos (S/.48,121.07); 6) Estando a que los demandados han incumplido con su obligación contractual, se vio obligada a requerir vía notarial la inmediata cancelación de las cuotas adeudadas bajo apercibimiento de resolución, sin embargo, no han cumplido dicho requerimiento, manteniendo la deuda de la referencia a la fecha; 7) Los hechos alegados la perjudica, por cuanto, a la fecha no ha cancelado el saldo del precio de la venta, y peor aún, no puede disponer libremente del bien, ya que el contrato se encuentra vigente, el mismo que por el tiempo transcurrido se ha devaluado tremendamente. SEGUNDO.- Que, admitida a trámite la demanda y corrido traslado a la parte demandada José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís, se apersonan al proceso y mediante escrito de fojas ciento tres, de fecha veinte de diciembre de dos mil once, contesta la demanda señalando sustancialmente lo siguiente: 1) Del contrato de transferencia se puede establecer que con dicho documento se ha celebrado un contrato de transferencia de inmueble, hecho que por disposición de los artículos 1354 y 1355 del Código Civil, resulta ser válido y surte todos sus efectos legales entre las partes, máxime si de conformidad con lo establecido en el artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. Siendo así, los recurrentes han hecho los trámites correspondientes por ante la Municipalidad Distrital de Amarilis para el pago de impuesto predial, en donde a la fecha vienen pagando dicho impuesto, así el pago de energía eléctrica, por haber sido transferido el inmueble de conformidad al contrato de transferencia entre las partes. De tal manera, la Municipalidad citada les ha expedido certificado de posesión de fecha veinticuatro de octubre de dos mil once; 2) La demanda  interpuesta no se encuentra arreglada a ley, por cuanto, no existe coherencia ni precisión entre el petitorio y los fundamentos de hecho; por otro lado, solicita el pago de treinta mil nuevos soles (S/.30,000.00), por concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios, sin especificar montos en los fundamentos de hecho con relación a la indemnización, simple y llanamente hace referencia del daño indemnizable y cuantificación del daño, aun mas sin acreditar con pruebas objetivas sobre la pretendida Indemnización por Daños y Perjuicios, por lo que en estas condiciones, la demanda no es amparable para su admisión, por lo que se debió declarar inadmisible la demanda y darse un plazo para que se subsane omisiones que se advierte en el petitorio de la demanda; 3) Con fecha once de mayo de dos mil uno celebraron transferencia del inmueble, siendo así, Adolfo Martínez Mantilla debe ser parte del proceso, la demandante no lo ha considerado como demandante; 4) A la fecha han cumplido en pagar noventa letras que en total es la suma de cuarenta y cuatro mil nuevos soles (S/.44,000.00), tal como puede acreditar con las letras de cambio canceladas que se adjunta como medio probatorio a la contestación de la demanda; 5) Con relación del incumplimiento de pago, es parcial, por lo que a la fecha tienen la intención de cancelar en su integridad la deuda contraída y cumplir el contrato de compraventa en todos sus extremos, ningún momento existió la intención de evadir sus obligaciones contraídas, más por el contrario son los más interesados de cancelar la deuda, por lo que no existe causales como para pretender la resolución de contrato, siendo así, tampoco es amparable la demanda con relación a la petición de indemnización, por no estar acreditado los daños causados, que hace referencia en los fundamentos de su demanda; 6) Conforme a lo previsto en el artículo 1429 del Código Civil, se tiene que para la resolución del contrato de pleno derecho debió hacerse primigeniamente intimación o requerimiento respectivo para la satisfacción del pago correspondiente, sin embargo, la demandante lejos de conceder un plazo razonable no menor de quince días, tal como indica con mucha claridad en los extremos de la acotada norma civil, cursa carta notarial con fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once, a los demandados haciéndoles conocer que no han cumplido con efectuar los pagos de las respectivas letras y requiere a fin de que en termino de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la fecha se cumpla con cancelar la deuda en mención; demostrándose con la carta notarial en referencia, la ausencia de la formalidad que establece los extremos del contrato, concordante con el artículo 1429 del Código Civil, siendo así, la presente demanda debe ser declarada improcedente; 7) Si bien es cierto mediante carta notarial de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once, se les hace requerimiento a fin de que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la fecha cumplan con la deuda en mención, sin precisar las cuotas de la deuda parcial o el total; es así, que los recurrentes con fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, por el mismo conducto notarial, en oposición de su contenido, indicaron los motivos y atrasos de pago de algunas letras, estos atrasos se generaron a raíz de un acuerdo de todos los habitantes del conjunto habitacional a mérito de controversias generadas en su construcción y avance del informe de defensa civil y del colegio de enfermeros filial Huánuco; asimismo han referido que a la fecha han decidido cancelar las letras pendientes en su integridad y oportunamente se le debe otorgar las escrituras públicas para la inscripción registral. TERCERO.- Que, valoradas las pruebas y compulsados los hechos expuestos por las partes, por sentencia de primera instancia de fecha diez de setiembre de dos mil trece, se declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, resuelto el Contrato de Cesión de Transferencia de fecha once de mayo de dos mil uno, ordena que la demandante restituya a los demandados el precio pagado ascendente a cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00); y el importe de las letras de cambio pagadas por los emplazados por concepto de cuotas mensuales a la empresa CONEMINSA, ascendente a cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80); dispone que los demandados abonen como compensación equitativa por el uso del bien, en la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) a favor de la demandante. Infundada respecto a la pretensión accesoria de Indemnización por Daños y Perjuicios. Basada en los siguientes argumentos: 1) Se establece que la demandante suscribió con los demandados un contrato privado de Transferencia, mediante la cual la actora con la intervención de su cónyuge, le cede su posesión contractual en calidad de compradores del inmueble sub litis, la misma que lo había adquirido mediante contrato de compraventa con la empresa CONEMINSA, a favor de los hoy demandados, habiéndose pactado en dicho acto jurídico, que la accionante transfiere en forma definitiva y perpetua a los demandados todos los derechos de propiedad del departamento por la suma de cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00) que fueron pagados de la siguiente manera: tres mil dólares americanos (US$.3,000.00) en el acto de la firma del contrato de transferencia y mil dólares americanos (US$.1,000.00) que serían pagados por los compradores a los vendedores el día dos de junio de dos mil uno, por cuya obligación acepta una letra de cambio por ese monto y vencimiento (cláusula segunda); así mismo conforme es de verse de la cláusula quinta los compradores declaran que  tienen conocimiento que los vendedores tienen pendiente de pago a la empresa CONEMINSA ciento setenta y dos letras de cambio por un monto de cuatrocientos noventa y ocho nuevos soles con cincuenta y un céntimos (S/.498.51) cada una de ellas, con vencimiento la numero uno en el mes de junio de dos mil uno y con vencimiento al dieciocho de julio de dos mil quince la letra número ciento ochenta; los compradores declaran expresamente que asumen y se obliga a realizar el pago de las ciento setenta y dos letras de cambio, a su vencimiento, cumpliendo el cronograma de pagos que también entregan los vendedores a los compradores en la fecha (cláusula sexta); habiendo la demandante mediante carta notarial de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once, requerido a los demandados el cumplimiento de lo pactado en la cláusula cuarta y quinta del contrato de transferencia, señalando que los demandados solamente habían pagado hasta la letra número noventa y que la diferencia había sido cargada a la actora, otorgándoles un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha recepcionada por la hija de los demandados conforme se advierte de la notificación realizada por la Notaria Pública Corina López de Israel, de fojas diecisiete, acreditándose de este modo la celebración de un contrato de transferencia del inmueble otorgado por la demandante a favor de los demandados, habiéndose legalizado las firmas de los contratantes por ante Notario Público, conforme de verse a fojas once; 2) De las letras de cambio de fojas cuarenta y ocho a ochenta y nueve, se tiene que los demandados han pagado a la empresa CONEMINSA, las cuotas mensuales ascendente a cuatrocientos noventa y ocho nuevos soles con noventa y un céntimos (S/.498.91), desde el mes de noviembre de dos mil hasta el mes de febrero de dos mil ocho, habiendo pagado el importe de noventa cuotas mensuales, que ascienden a la suma de cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80), tal y conforme lo ha indicado los propios demandados en su escrito de absolución de la demanda, de los cuales se colige, que los demandados han incumplido con lo pactado en la cláusula quinta y sexta del contrato de Transferencia -Cesión de Posesión Contractual-, donde se comprometieron en su calidad de cesionario (compradores) al pago de las ciento setenta y dos letras de cambio a la empresa CONEMINSA a su vencimiento puntualmente habiendo pagado los demandados solamente noventa de ellas, habiendo incumplido respecto a las demás obligaciones, y si bien refieren los demandados que tiene la intención de cancelar en su integridad la deuda contraída y cumplir el contrato de compraventa en todos sus extremos, y que los atrasos se generaron a razón de un acuerdo de todos los habitantes del conjunto habitacional a mérito de controversias generadas en su construcción y avance del informe de defensa civil y del colegio de enfermeros fi lial Huánuco, sin embargo, dicho argumento no ha sido probado en autos, acreditándose por el contrario con la propia versión de los demandados, la misma que debe tenerse como declaración asimilada, el incumplimiento realizado por parte de los emplazados con lo pactado en el contrato de Transferencia de fecha once de mayo dos mil uno; quienes reconocen expresamente no haber podido cumplir con su obligación asumida, habiendo inclusive la demandante requerido su cumplimiento a los demandados, mediante carta notarial de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once (fojas diecisiete), y que de no hacerlo peticionaría por ante la autoridad judicial la Resolución del Contrato; conforme se advierte del tenor del referido documento, habiéndose otorgado el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para su cumplimiento, hecho que ha sido objetado por la demandada señalando que no se ha otorgado el plazo que señala el artículo 1429 del Código Civil, sin embargo, si bien la demandante ha optado por cursar la carta notarial, también es cierto, que ello es facultativo, por lo que no se le impide accionar judicialmente ante el incumplimiento de la obligación por parte de la demandada, máxime si desde la fecha de notificación de la carta notarial cursada a la demandada a la presentación de la demanda, ha transcurrido también en exceso el plazo de quince días a que hace referencia la norma acotada; 3) De lo descrito, los demandados no han cumplido con el pago de las cuotas mensuales a las que estaban obligadas a favor de la empresa CONEMINSA, en su condición de cesionarios compradores, es más, los demandados al momento de efectuar la contestación de la demanda no han pagado y/o contradicho la existencia del incumplimiento, limitándose su defensa a argumentar que por motivos de fallas en la construcción y por acuerdo de los habitantes del conjunto habitacional se atrasaron en el cumplimiento de su obligación; acreditándose con ello el incumplimiento de la obligación por parte de los emplazados; 4) Estando a lo establecido en el artículo 1428 del Código Civil, la demandante siendo parte del acto jurídico realizado materia de la presente litis, solicita la resolución del contrato refiriendo que los demandados no han cumplido con cancelar las cuotas mensuales; siendo que ello constituye incumplimiento de la prestación que les corresponde a los demandados como compradores, la misma que importa una causal sobreviviente a la celebración del contrato, por lo que resulta atendible la pretensión de resolución de contrato, conforme a lo normado por el artículo 1371 del Código Civil; 5) Subsumiendo los hechos invocados por las partes a lo previsto en el artículo 1563 del Código Civil, el contrato debe ser declarado resuelto, pues, ha habido un incumplimiento a cargo de  los demandados en el pago de las cuotas mensuales a las que estaban obligados en su calidad de compradores del inmueble, quienes de considerar que existían factores que impedían su cumplimiento debieron de ejercer aquellas potestades que le otorgan la ley (en su caso el mismo contrato) que existieran de manera objetiva una causa que justificará dicha acción; y estando a que los demandados mediante el contrato privado de transferencia de fecha once de mayo de dos mil uno, han adquirido la posesión del mismo, en aplicación del tercer párrafo del artículo 1372 del Código Civil, en el caso de autos las partes deben restituirse las prestaciones ejecutadas, esto es, proceder a la entrega del mismo, y el demandante debe proceder a la devolución del dinero en efectivo que los emplazados le han pagado al momento del acto de la transferencia, la suma de cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00) y el importe de las noventa letras de cambio pagadas por los emplazados por concepto de cuotas mensuales a favor de la empresa CONEMINSA, ascendente a la suma de cuarenta y cuatro mil nuevos soles (S/.44,000.00), la misma que deberá efectuarse en ejecución de sentencia; 6) La demandante no ha precisado en forma exacta cuál es el concepto demandado, máxime, si el daño patrimonial comprende los conceptos de daño emergente y lucro cesante, no habiendo precisado en el caso de autos, a que concepto demanda el monto de treinta mil nuevos soles (S/.30,000.00), habiéndose demandado ello en forma por demás genérica, no pudiendo establecerse entonces a cuál de los daños resulta imputable el monto demandado, siendo obligación del accionante precisar su petición indemnizatoria demandada, a tenor del artículo 1985 del Código Civil, a efectos de establecer cuál es la pérdida o menoscabo patrimonial efectivamente sufrido (daño emergente) y cuál es la ganancia o utilidad dejada de percibir (lucro cesante) daños alegados además que no se encuentra acreditado en autos con medio probatorio alguno, pues si bien refiere la demandante que se encuentra insertada en el sistema económico como deudor moroso y se encuentra impedida de poder acceder a cualquier crédito en el sector comercial y financiero, sin embargo ello tampoco ha sido acreditado en autos. CUARTO.- Que, apelada que fuera la sentencia de primera instancia, la Sala Superior mediante resolución de vista de fecha dos de junio de dos mil catorce, de fojas doscientos cuarenta y seis, confirmó la apelada e Integraron que los demandados restituyan el inmueble sub litis a favor de la demandante, señalando esencialmente lo siguiente: a) La demandante y su cónyuge celebraron un contrato de transferencia con prestaciones reciprocas con los demandados, a través del cual la demandante vendió a los demandados el inmueble sub litis de su propiedad que compró a plazos de la empresa CONEMINSA, inscrito en la Ficha número 28612, obligándose los compradores al pago de las ciento setenta y dos letras de cambio, a favor de la empresa CONEMINSA conforme al cronograma establecido en el referido contrato; b) En cuanto a que no se ha tenido en cuenta que en el referido contrato no se ha establecido cláusula expresa de resolución de contrato, y en forma contraria si se mencionó que los vendedores dejan claramente establecido que no es necesario la intervención de ellos, ni de autorización escrita alguna que a la hora que CONEMINSA otorgue la escritura pública de compraventa definitiva a los recurrentes; al respecto, las normas del Código Civil, son de orden público en consecuencia de estricto cumplimiento para regular las relaciones y situaciones jurídicas dentro del territorio nacional, siendo ello así, el argumento del demandado cuando indica que no ha pactado la forma de resolución del contrato, no es óbice para que no se cumpla con lo dispuesto en el Código Civil; por otra parte, respecto de que la demandante, no tiene legitimidad para obrar, debido a que ésta le cedió todos sus derechos frente a CONEMINSA, sin perjuicio de la improcedencia de dicho cuestionamiento por haber precluido para los demandados la posibilidad de cuestionar las condiciones de la acción por no encontrarse dentro del término y etapa correspondiente, de este argumento, dicha transferencia de derechos está sujeta al real y efectivo cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato por parte de los demandados, esto es, el pago de la última letra de cambio por la compra del referido inmueble, lo que en el presente caso, como los propios accionados lo han señalado, no se ha cumplido, al solo haber hecho efectivo el pago de noventa letras de cambio; c) En cuanto al hecho en que el demandado cuestiona que al haber optado la demandada en cursarle carta notarial para que cumpla con sus obligaciones celebradas en el referido contrato, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 1429 del Código Civil; al respecto, la referida carta notarial fue válidamente notifi cada a los demandados, el veintiséis de setiembre de dos mil once, y si bien en esta se otorgó al demandado el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para que cumpla con su obligación, ello no es fundamento para declarar la improcedencia de la presente demanda, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1428 del Código Civil, que es una cuestión facultativa del perjudicado exigir el cumplimiento de la obligación o en todo caso solicitar la resolución del contrato, siendo ello así, el cuestionamiento al plazo que se le otorgó al demandante para el cumplimiento de su obligación, no puede ser amparado, máxime si la demanda se presentó en tiempo superior a quince días de notifi cada la carta notarial y hasta la fecha de la  apelación el demandado, no ha cumplido con su obligación; d) No habiendo acreditado los demandados haber cumplido con las condiciones y obligaciones contractuales celebradas en el contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 1428 del Código Civil, debe confirmarse la apelada; e) Conforme al tercer párrafo del artículo 1372 del Código Civil, por razón de la resolución del contrato, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento en que se produce la causal que la motiva, y si ello no fue posible deben rembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento. En esa línea de restitución de las prestaciones conforme ha quedado establecido, en un efecto natural de la resolución que no requiere ser invocado por ninguna de las partes, toda vez que opera por el solo hecho de la extinción de la resolución obligatoria, siendo ello así y no habiéndose dispuesto en el fallo de la sentencia, se restituye el bien inmueble a favor de la demandante, en consecuencia dicho aspecto debe ser integrado, de conformidad con lo señalado en el citado artículo y lo dispuesto en el artículo 172 in fine del Código Procesal Civil. QUINTO.- Que, el artículo 1429 del Código Civil establece la Resolución de pleno derecho, señalando que en el caso del artículo 1428 del precitado Código, la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato queda resuelto. SEXTO.- Que, siendo ello así y habiendo invocado los recurrentes como uno de los agravios de su recurso de casación que no se ha aplicado de manera idónea la citada norma, es de advertirse que las instancias de mérito ya han establecido claramente que, si bien la demandante ha optado por cursar la carta notarial, también es cierto, que ello es facultativo, por lo que no se le impide accionar judicialmente ante el incumplimiento de la obligación por parte de la demandada, máxime si desde la fecha de notificación de la carta notarial cursada a la demandada a la presentación de la demanda, ha transcurrido también en exceso el plazo de quince días a que hace referencia la norma acotada, en ese sentido este Supremo Colegiado advierte que el mencionado agravio deviene en desestimable. SÉTIMO.- Que, respecto al agravio consistente en que la recurrida no se encuentra debidamente motivada tanto en sus fundamentos de hecho como de derecho al no establecer en base a qué fijó el monto por concepto de uso del bien, no hace referencia a los intereses legales de lo pagado por los recurrentes y la falta de legitimidad para obrar de la demandante, este Supremo Colegiado advierte que la demanda fue declarada fundada por considerar las instancias de mérito que los demandados no han cumplido con el pago de las cuotas mensuales a las que estaban obligadas a favor de la empresa CONEMINSA, en su condición de cesionarios compradores, limitándose la defensa de los recurrentes a argumentar que por motivos de fallas en la construcción y por acuerdo de los habitantes del conjunto habitacional se atrasaron en el cumplimiento de su obligación; acreditándose con ello que los emplazados José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís han incurrido en causal sobreviviente a la celebración del contrato al haber incumplido con su obligación consistente en el pago de las letras, por lo que resulta atendible la pretensión de resolución de contrato, conforme a lo normado por el artículo 1371 del Código Civil, encontrándose la sentencia recurrida debidamente motivada. OCTAVO.- Que, a su vez, es necesario precisar que como consecuencia de dicha argumentación el Juzgado declaró fundada en parte la demanda la misma que fue confi rmada e integrada por la Sala de Vista ordenando se declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, resuelto el contrato de Cesión de Transferencia de fecha once de mayo de dos mil uno, ordenando que la demandante restituya a los demandados el precio pagado ascendente a cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00); y el importe de las noventa letras de cambio pagadas por los emplazados por concepto de cuotas mensuales a la empresa CONEMINSA, ascendente a cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80); disponiendo que los demandados abonen como compensación equitativa por el uso del bien, en la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) a favor de la demandante; infundada respecto a la pretensión accesoria de Indemnización por Daños y Perjuicios; y la integró a los efectos de ordenar la restitución del bien inmueble materia de litis a favor de la parte demandante. NOVENO.- Que, siendo ello así, es de advertirse que el sentido de lo resuelto no obstante implicar la estimación de la demanda y como consecuencia de ello el vencimiento de la parte demandante, también lo es que, el mismo implica a favor de los demandados la devolución del monto total de lo pagado, esto es, el monto de dinero entregado al momento de suscribir el contrato de Transferencia y el total del monto de las noventa letras pagadas hasta antes de incurrir en retraso con el correspondiente descuento por concepto de compensación equitativa a favor de la demandante por el uso del bien más la restitución del mismo. Por las consideraciones expuestas y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís a fojas doscientos sesenta y tres; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista de fojas doscientos cuarenta y seis, de fecha dos de junio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" bajo responsabilidad; en los seguidos por Olinda Cruz Peña Vásquez contra José Everth Espinoza Hipólito y otra, sobre Resolución de Contrato y otro; y los devolvieron. Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, MARTÍNEZ MARAVÍ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA


C-1359716-10

martes, 17 de enero de 2017

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA


A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA NO SE DISCUTE SI LAS PARTES HAN CUMPLIDO O NO SUS PRESTACIONES SINO QUE ESTÁ LIMITADO A PERFECCIONAR LA TITULACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE LA COMPRAVENTA; POR LO QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN, SI LA DEMANDADA, ACEPTÓ LA TRANSACCIÓN EFECTUADA POR SU PROGENITORA A FAVOR DE LA DEMANDANTE.

CAS. Nº 1598-2014 TACNA

Lima, diez de junio de dos mil quince.

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LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil quinientos noventa y ocho – dos mil catorce, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. I.- ASUNTO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Rosa Tatiana Meza Mostajo, (folios 554), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta y ocho (folios 518), del veinticuatro de marzo de dos mil catorce que revocó la sentencia apelada comprendida en la Resolución número cuarenta y nueve (folios 434) del dieciséis de setiembre de dos mil trece, que declara fundada la demanda, y reformándola declararon improcedente la demanda de Otorgamiento de Escritura Pública. II.- ANTECEDENTES: 1.- DEMANDA: Mediante escrito del veintisiete de junio de dos mil ocho Rosa Tatiana Meza Mostajo, solicita que se le otorgue la Escritura Pública de Compraventa del inmueble ubicado en el Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n del Sector “Olanique” 6, ubicado en el Distrito, Provincia, Distrito y Departamento de Tacna, con un área de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2). Manifiesta que el trece de setiembre de dos mil tres, suscribió con Juana Mercedes Carrasco de Figueroa un contrato preparatorio de compraventa respecto al bien sub litis, acordando el precio de la venta en tres mil cuatrocientos dólares americanos (US$.3,400.00), quedando un saldo a pagar de mil cuatrocientos dólares americanos (US$.1,400.00), toda vez que, a la suscripción del contrato se entregó la suma de dos mil dólares americanos (US$.2,000.00), documento que fue elevado a Escritura Pública. Agrega que en reiteradas oportunidades solicitó a la vendedora para efectuar el pago de la diferencia del precio pactado, así como la entrega del terreno a su favor, lo cual no se concretó, al no encontrarse saneado aun la documentación, por lo que decidió no cancelar la diferencia del precio, en el plazo de noventa días conforme se acordó en la tercera cláusula del mencionado contrato. Ante el delicado estado de salud de la vendedora, su hija Rosa Nilda Figueroa Carrrasco, le solicitó la entrega de doscientos dólares americanos (US$.200.00) a cuenta del terreno que se le había enajenado, extendiéndole para ello el correspondiente recibo, con lo que prueba que también ella tenía conocimiento de la transacción realizada por su progenitora. 2.- CONTESTACION DE LA DEMANDA: 2.1. Que, la demandada Rosa Nilda Figueroa Carrasco, (folios 24), contesta la demanda aceptando que la venta se efectuó de acuerdo a las consideraciones de la Escritura Pública del trece de setiembre de dos mil tres, ante la Notaría Pública Prescila Méndez Payehuanca, por el precio de tres mil cuatrocientos dólares americanos (US$3,400.00), restando un total de mil doscientos dólares americanos (US$.1,200.00), al haber recibido la compradora la suma de doscientos dólares americanos (US$ 200.00) como consta del recibo que firmó. 2.2. Por su parte Francisco Ricardo Figueroa Herrera, (folios 37), refiere desconocer las condiciones y formas en que su esposa, la vendedora, celebró el acto jurídico, además nunca advirtió que terceras personas requieran su formalización, desconoce el acuerdo efectuado por su hija con la demandante respecto a la suma de dinero recibida. Alega que el área enajenada constituye parte del inmueble de mayor extensión, que se encuentra indiviso. Refiere que su esposa tuvo tres hijos Rosa Nilda, Ricardo Juan y Yolanda Figueroa Carrasco. 2.3. Por Resolución número veintiuno del dieciséis de diciembre de dos mil once, (folios 218), ante el fallecimiento de los hijos de la vendedora Ricardo Juan y Yolanda Figueroa Carrasco, se incorporó como litis consortes necesarios pasivos a José Ricardo Carpio Figueroa por su madre fallecida y a Richard Keny Figueroa Cabezas y Joan Carlos Figueroa Cabezas por su padre fallecido, quienes fueron declarados rebeldes por Resolución número veintiocho del uno de agosto de dos mil doce (folio 273), nombrándose por Resolución número cuarenta y cinco (folio 423), curador procesal de quien en vida fue Francisco Ricardo Figueroa Herrera a la abogada Luz Augusta Casas Flores. 3.- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Saneado el proceso, se procedió a fijar el único punto controvertido: Determinar si procede disponer que los demandados cumplan con otorgar la Escritura Pública de Compraventa del inmueble sito en el Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n, del Sector “Olanique” 6 del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, con una extensión de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2), a favor de la demandante. 4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Culminado el trámite correspondiente, la Jueza del Juzgado Especializado en lo Civil de Gregorio Albarracín de la Corte Superior de Justicia de Tacna, emite sentencia declarando fundada la demanda, en consecuencia, ordena que la Sucesión de Juana Mercedes Carrasco de Figueroa, cumpla con otorgar la Escritura Pública de Compraventa a favor de la demandante, respecto del inmueble signado como Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n del Sector “Olanique” 6, del Distrito, Provincia, y Departamento de Tacna, con un área de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2), con los linderos que se detallan. Sustenta su decisión en que entre las partes existió la obligación de celebrar un Contrato de Compraventa en mérito al contrato preparatorio del trece de setiembre de dos mil tres, siendo exigencia de la demandada la obligación de formalizar su transferencia; transacción que fue reconocida por la demandada Rosa Nilda Figueroa Carrasco, advirtiéndose del contrato preparatorio la individualización del bien, y el pago de la acreencia, con la entrega de los dos mil dólares americanos (US$.2,000.00) consignados a la celebración del contrato, la suma de doscientos dólares americanos (US$.200.00) otorgados a la hija de la vendedora como forma de adelanto y el saldo de mil doscientos dólares americanos (US$.1,200.00) consignado mediante depósito judicial (folios 375), por lo que únicamente se encuentra pendiente la entrega del bien; por tanto la alegación formulada por Ricardo Figueroa Herrera, cónyuge de la vendedora respecto a que la venta fue respecto de un área de mayor extensión no desvirtúa la pretensión de la demandante, más aun cuando del contrato preparatorio se advierte que el inmueble fue individualizado. 5.- APELACION DE SENTENCIA: Mediante escrito (folios 459), la demandada Rosa Nilda Figueroa Carrasco, interpone recurso de apelación contra la sentencia de vista. 6.-SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna (folios 518), revocó la sentencia que declara fundada la demanda y ordena que la Sucesión demandada cumpla con otorgar a favor de la parte demandante la correspondiente Escritura Pública de Compraventa del bien sub litis, y reformándola la declaró improcedente, tras considerar, que con el Otorgamiento de Escritura Pública lo que se busca es revertir de determinada formalidad el acto jurídico, por lo que previamente debe existir el Acto Jurídico a formalizar, lo que no sucede en el presente caso, ya que las partes celebraron solamente un Contrato Preparatorio de Compraventa respecto al bien sub litis, no existiendo el contrato definitivo, por lo que la obligación existente entre las partes es la de la suscripción del contrato (definitivo), antes que la formalización del documento. III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN: Que, esta Sala Suprema, por resolución del diecinueve de agosto de dos mil catorce ha declarado la procedencia ordinaria del recurso de casación por Infracción normativa procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, por cuanto establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ya que la sentencia de vista no se encuentra debidamente motivada, por la falta de pronunciamiento de aspectos relevantes, tal es así que no se ha mencionado el hecho que la recurrente ha cumplido con la totalidad del monto pactado en el contrato preparatorio, más aun tampoco se ha pronunciado respecto de la aceptación tácita del cumplimiento de la totalidad del pago, pues, a pesar de haber sido válidamente notificados con el pago por consignación no se opusieron al mismo, por lo que existe aceptación de la parte demandada. Infracción normativa material del artículo 1426 del Código Civil, pues no hay aplicación de la norma correcta, toda vez que en la recurrida indica que no se debió demandar Otorgamiento de Escritura Pública sino un proceso de obligación de hacer, pero sostiene la recurrente, que ello no corresponde si la sucesión demandada desde el inicio del proceso se mostró renuente a constituirse como tal, fue por ello que la suscrita tuvo que tramitar la sucesión intestada de quien en vida fue Juana Mercedes Carrasco de Figueroa, de igual forma una vez constituida la sucesión tampoco mostraron interés por sanear el inmueble con la única intención de incumplir con los términos del contrato. IV. MATERIA JURIDICA EN DEBATE: Que, en el presente caso la materia jurídica en discusión se centra en determinar si el Contrato Preparatorio del trece de setiembre de  dos mil tres, suscrito entre Rosa Tatiana Meza Mostajo y Juana Mercedes Carrasco de Figueroa, respecto al bien sub litis, debe ser elevado a escritura pública, y de ser el caso, si le resulta oponible la excepción de incumplimiento contenida en el artículo 1426 del Código Civil. V.- CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario cuya finalidad esencial es garantizar la debida o correcta interpretación del derecho -tutela del derecho objetivo, como base de la justicia- y asegurar la unidad de los criterios de decisión, conforme a lo previsto por el artículo 384 del Código Procesal Civil, siendo importante destacar que este recurso no tiene por finalidad el reexamen del proceso, como tampoco la revaloración de los medios probatorios. SEGUNDO.- Que, el debido proceso está referido al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, por el cual se posibilita que toda persona pueda recurrir a la justicia para obtener tutela jurisdiccional efectiva, a través de un procedimiento legal, con la observancia de las reglas procesales establecidas para ello, y, que las instancias jurisdiccionales emitan pronunciamiento debidamente motivado con arreglo a Ley. Que, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el Debido Proceso “no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce a consecuencia de la afectación de cualquiera de los derechos que lo comprenden v. que el derecho de defensa, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocidos en los incisos 14 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política, respectivamente”[1] TERCERO.- Que, la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un lado, informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y por otro lado, constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el derecho a tener una decisión fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución, como en leyes y reglamentos vigentes, válidos y de obligatorio cumplimiento. CUARTO.- Que, en este sentido resolviendo la denuncia de la casante indicada en el acápite a), se aprecia que ésta se circunscribe a determinar que cumplió con el pago total del monto pactado en el contrato preparatorio, al no existir oposición de la parte demandada al monto consignado en los presentes autos, por lo que corresponde se le otorgue la Escritura Pública. El Juez de Primera Instancia declaró fundada la demanda, al considerar, -conforme a la cláusula tercera- que existe la obligación de la vendedora y de los miembros de la sucesión demandada, de celebrar la Compraventa definitiva, en cuanto haya sido pagada la diferencia del precio, consignación que ya fue efectuada. Por su parte, la Sala Superior revocando la apelada la declaró improcedente, fundamentando principalmente su decisión en que el contrato jurídico celebrado entre las partes no era un contrato definitivo, sino preparatorio, por lo que le correspondía su perfeccionamiento. QUINTO.- Que, de la revisión del contrato del trece de setiembre de dos mil tres, tenemos: a) que la denominación del contrato (folio 03) es “preparatorio de compraventa”; y b) de su contenido se llega a establecer que existe el consentimiento de ambas partes de concretar un acto jurídico [de venta]; c) se fijó el precio de venta en tres mil cuatrocientos dólares americanos (US$.3,400.00), habiéndose cancelado la suma de dos mil dólares americanos (US$.2,000.00) a la suscripción del documento; doscientos dólares americanos (US$.200.00) que fueron entregados a la hija de la vendedora como adelanto por la compra del inmueble; y el saldo de mil doscientos dólares (US$.1,200.00) consignados mediante depósito judicial (folios 375), como lo hizo notar el Juez de Primera Instancia; Por tanto si bien es cierto se le ha denominado “Contrato Preparatorio de Compraventa”, consignándose en su tercera cláusula que “[ (…) y, el saldo de US.$1,400.00 (un mil cuatrocientos dólares americanos), será pagado dentro de 90 días computables a partir del 13 de setiembre de 2003, fecha en la que se efectuará la compra venta y enajenación perpetua definitiva]”, también lo es que una vez completado el pago, podrá exigirse la elaboración del contrato definitivo; sin embargo habiéndose cumplido con el pago respecto al íntegro de la prestación se concluye que la misma se ha desnaturalizado en su estructura, convirtiéndose en un contrato definitivo al haberse ejecutado la obligación prestacional que une a los contratantes. SEXTO.- Ello es así porque, frente a la pretensión de la demandante la casante, indicó que “efectivamente se otorgó una escritura pública de compra venta a favor de la demandante (…) que la venta real se ha efectuado de acuerdo a las consideraciones de la escritura pública de fecha trece de setiembre de dos mil tres, ante la Notaría Pública Prescila Méndez Payehuanca”, con lo que se reafirma que no se trató de un simple “Contrato Preparatorio”. En consecuencia, se evidencia que las causales denunciadas fueron infraccionadas, porque la Sala Revisora partió de una inferencia errónea para declarar improcedente la demanda. SÉTIMO.- También deberá ser desestimada la denuncia indicada en el acápite b), por el que la casante denuncia la aplicación indebida de la excepción de incumplimiento, contenida en el artículo 1426 del Código Civil[2], siendo esta excepción una de las consecuencias de los contratos con prestaciones recíprocas. No se trata de una excepción procesal sino de un medio de defensa sustancial que faculta, -cuando las prestaciones recíprocas deben cumplirse simultáneamente-, a que cada parte contratante pueda suspender  el cumplimiento de la obligación prevista a su cargo, mientras la otra parte no cumpla con la suya o garantice su cumplimiento, con el fin de que se pueda mantener el equilibrio patrimonial entre tales prestaciones. Uno de los efectos sustanciales de la excepción de incumplimiento es que la suspensión de la prestación a cargo de uno de los contratantes no genere que éste incurra en mora, en tal sentido, dicho deudor no responderá de los daños que ocasione el retraso en el cumplimiento de la obligación[3]. OCTAVO.- Se trata de una excepción dilatoria, desde que su efecto se limita a obtener que el Juez declare que efectivamente el demandado no está obligado aun a ejecutar su prestación, sin pretenderse que el Juez declare, asimismo, que el demandante debe ejecutar su contraprestación; por lo que, tratándose el presente caso de un proceso sobre Otorgamiento de Escritura Pública, debe señalarse que el artículo 1549 del Código Civil establece que es obligación esencial del vendedor de perfeccionar la transferencia de propiedad. El problema de perfeccionamiento de la propiedad ha sido analizado por varios autores, de ahí que para Arias – Schereiber Pezet, Max[4], el perfeccionamiento supone la realización de aquellos actos que permitan al comprador ejercitar a plenitud los derechos que emanan de la compraventa. Es decir, que el artículo 1549 del Código Civil se refiere de modo integral a la adecuación de la transferencia de la propiedad del bien que es materia del Contrato de Compraventa y cubre, no solo las obligaciones principales sino también las que derivan de aquella y tengan carácter accesorio. NOVENO.- Que, en este sentido, siendo requisito indispensable para la inscripción en los Registros Públicos, que el contrato previamente sea elevado a Escritura Pública, el otorgamiento de esta formalidad estaría inmerso en la obligación de perfeccionamiento. Así el artículo 1412 del Código Civil establece que: “Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida (…)". Además deberá verificarse el cumplimiento de las prestaciones a las que se han obligado las partes, que en la compraventa son la transferencia de la propiedad y el pago. DÉCIMO.- Habiéndose demandado a través del proceso únicamente la obligación de formalizar la titulación del contrato (artículo 1412 del Código Civil), en el que no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones sino que está limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el Otorgamiento de Escritura Pública de la Compraventa, no existe impedimento legal para cumplir con esta obligación, más aun si la demandada, quien aceptó la transacción efectuada por su progenitora a favor de la demandante, no ha justificado su negativa para otorgarla en la etapa postulatoria, esto es, en la contestación de la demanda, habiéndose referido al incumplimiento de pago recién en su recurso impugnatorio de apelación; además durante el proceso se consignó el íntegro del importe adeudado por lo que no habría razón para no otorgarla, considerando la inexistencia de alguna cláusula que condicione el pago con la obligación de escriturar la Compraventa. DÉCIMO PRIMERO.- Siendo así, y atendiendo a que si bien el Ad quem, emitió una sentencia con motivación defectuosa porque partió de un inferencia inválida al indicar que el documento cuya escrituración se solicita no es uno definitivo, no obstante que como se ha desarrollado líneas arriba tiene las formalidades del mismo, incurriéndose de esta manera en infracción al artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que afecta la tramitación del proceso y/o los actos procesales que lo componen. Sin embargo, no cabe el reenvío del proceso a la Sala Superior, a efecto de emitir nueva sentencia de revisión, toda vez que conforme se revisa del expediente el Juez del proceso mediante la sentencia de primera instancia si cumplió con las garantías constitucionales conforme se precisa en los párrafos que anteceden. IV.- DECISION: Por tales consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 396 del Código Procesal Civil. Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosa Tatiana Meza Mostajo, (folios 554), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta y ocho (folios 518), del veinticuatro de marzo de dos mil catorce; CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de segunda instancia del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, (folios 518); y, actuando en sede de instancia CONFIRMARON la apelada sentencia de primera instancia, expedida por la Jueza del Juzgado Especializado en lo Civil de Gregorio Albarracín de la Corte Superior de Justicia de Tacna, del dieciséis de setiembre de dos mil trece, que declaró fundada la demanda en consecuencia ordena que la Sucesión demandada cumpla con otorgar Escritura Pública de Compraventa a favor de la demandante, respeto del inmueble signado como Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n del Sector “Olanique” 6, del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, con una extensión superficial de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2), conforme a los linderos y colindancias que se indica, respecto de uno de mayor extensión inscrito en el Registro de Propiedad Inmueble de Tacna, Partida número 11004770, bajo apercibimiento de ser otorgada por el Juzgado en caso de incumplimiento. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Tatiana Meza Mostajo contra José Ricardo Carpio Figueroa, Rosa Nilda Figueroa Carrasco, Richard Keny Figueroa Cabezas y Luz Augusta Casas  Flores, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y los devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA




[1] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente número 1436-2006-PA/TC, del veintisiete de febrero de dos mil ocho.
 
[2] Artículo 1426.- En los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento.
 
[3] TORRES VASQUEZ, Anibal. Código Civil, Comentarios y Jurisprudencia, concordancias, antecedentes, sumillas, legislación complementaria. Quinta Edición.

[4] ARIAS – SCHEREIBER PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano” Tomo III Gaceta Jurídica, Lima, 2000. Pagina 66.
 

C-1359716-8

viernes, 13 de enero de 2017

PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL


BUSCA PROTEGER A LOS TERCEROS ADQUIRIENTES QUIENES CONFIADOS EN LA EXACTITUD Y CERTEZA QUE BRINDAN LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES REALIZAN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, LA MISMA QUE RESULTARÁ VÁLIDA Y PERMANECERÁ COMO TAL AUN CUANDO POSTERIORMENTE SE ANULE, RESCINDA O RESUELVA EL TÍTULO DE SU OTORGANTE POR VIRTUD DE CAUSAS QUE NO CONSTEN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ARTÍCULO 2014 DEL CÓDIGO CIVIL.

CAS. Nº 759-2014 LIMA

Lima, veintitrés de marzo de dos mil quince.

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LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista en audiencia pública de la fecha la causa número setecientos  cincuenta y nueve - dos mil catorce luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente resolución. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata de los recursos de casación interpuestos a fojas quinientos ochenta y tres y seiscientos treinta por el Banco de Crédito del Perú, Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado contra la sentencia de vista de fojas quinientos sesenta y seis expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el cuatro de noviembre de dos mil trece que confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Que, ambos recursos de casación fueron declarados procedentes por resoluciones de fecha quince de mayo de dos mil catorce obrantes a fojas noventa y seis y noventa y nueve del cuadernillo formado en esta Sala Suprema por la causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil. El Banco de Crédito del Perú denuncia lo siguiente: infracción normativa de carácter procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú así como de los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6, 197 y 200 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; e infracción normativa material por inaplicación de los artículos 194 y 2014 del Código Civil; Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado denuncian la infracción normativa procesal de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, III y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil así como la infracción normativa material por interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 2014 del Código Civil e infracción normativa por inaplicación de los artículos 194, 1810, 2019 y 2022 del mismo Código. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, del examen de los autos se advierte que mediante escrito de fojas treinta y cuatro Julio Francisco Díaz Ríos solicita como pretensión principal la nulidad del acto jurídico de compraventa del inmueble ubicado en el Jirón Simón Salguero número 829-827 Urbanización Canopus Distrito de Santiago de Surco Provincia y Departamento de Lima celebrado por Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno con la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado y la cancelación de Asiento Registral C00002 anotado en la Partida número 44933322 demandando asimismo como pretensión subordinada la nulidad del asiento registral en el que aparece inserta la hipoteca constituida por la antes referida sociedad conyugal a favor del Banco de Crédito del Perú sustentando la nulidad en la causal de fin ilícito prevista en el artículo 219 inciso 4 del Código Civil; refiere haber adquirido el inmueble sub litis por Escritura Pública de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis conjuntamente con su cónyuge María Elena Moreno Montoya inscribiendo su derecho en la Partida Registral número 44933322; afirma que con la finalidad de resguardar su propiedad de posibles embargos por la empresa SIDERPERÚ la cual tenía créditos pendientes decidió poner el bien a nombre de terceros otorgando para dicho efecto con fecha uno de junio de dos mil, un poder a nombre de su suegra Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno para que adquiera la propiedad la cual se materializó el siete de julio de dos mil inscribiéndose el referido acto jurídico en el Asiento número C00001 de la Partida Registral número 44933322; indica que según Escritura Pública de compraventa de fecha once de diciembre de dos mil su suegra le restituyó el derecho de dominio del citado bien inmueble acto jurídico que no fue inscrito en los Registros Públicos iniciando posteriormente los trámites de divorcio con su esposa declarándose fundada dicha demanda en el año dos mil siete constituyendo dicho inmueble bien de la sociedad de gananciales; señala que con fecha veinte de octubre de dos mil seis tomó conocimiento que su suegra Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno había transferido el referido inmueble a la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado quienes constituyeron hipoteca sobre el citado bien hasta por la suma de ciento seis mil trescientos cuarenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos (US$.106,343.75); considera que dicha venta es contraria al orden público y a las buenas costumbres pues la persona que realizó la venta no era propietaria del inmueble toda vez que adquirió el mismo mediante un mandato sin representación el cual se encuentra inscrito en la Partida número 11198724. SEGUNDO: Que, admitida a trámite la demanda se apersonó al proceso la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado por escrito de fojas ciento siete contestando la demanda en los siguientes términos: i) a mérito de la Escritura Pública de compraventa de fecha veinte de octubre de dos mil seis adquirieron a título oneroso el inmueble materia de litis por la suma de ciento veinticinco mil dólares americanos (US$.125,000.00) figurando la vendedora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno como propietaria del referido predio y efectuando la compraventa acorde a la información registral vigente inscribiendo posteriormente dicho acto; ii) en la Escritura Pública por la que se transfirió el inmueble a su suegra no se declara en absoluto que la compradora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno actúa en virtud de un mandato, lo que demuestra la buena fe de los recurrentes compradores. TERCERO: Que, mediante escrito de fojas ciento ochenta y ocho el Banco de  Crédito del Perú se apersona al proceso y contesta la demanda refiriendo lo siguiente: i) al momento de efectuarse la venta a favor de la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado figuraba en los Registros Públicos como propietaria del mismo la vendedora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno sin existir anotación o medida alguna que desvirtúe dicha condición en tal sentido la afirmación consistente en que la vendedora no era propietaria carece de sustento y no puede oponerse a los terceros que adquirieron derechos bajo la seguridad que otorga el Registro Público; ii) la entidad financiera recurrente no tuvo vínculo alguno con el anterior propietario ni con el demandante ya que la hipoteca constituida a su favor fue otorgada por la sociedad conyugal Mondragón-Coronado; iii) no existe finalidad ilícita en los actos cuya nulidad se pretende ni son contrarios a las leyes que interesan al orden público ni a las buenas costumbres dado que la transferencia efectuada a favor del demandante y su cónyuge no fue inscrita por lo que no resulta oponible a los terceros que adquirieron de buena fe y a título oneroso el bien; iv) la Partida número 11198724 no publicita la propiedad inmueble correspondiendo la misma al Registro de Mandatos y Poderes en el que consta en forma exclusiva la relación existente entre mandante y mandataria a lo que se agrega que en la Escritura Pública del siete de julio de dos mil por la que Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno adquiere el referido inmueble no consta ninguna referencia o indicación de compra de inmueble por encargo o bajo representación por lo que la citada vendedora tenía la calidad de propietaria. CUARTO: Que, habiendo sido declarada en rebeldía la codemandada Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno y valoradas las pruebas presentadas por las partes el Juez de Primera Instancia declaró fundada la demanda por resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil trece en consecuencia nulo el acto jurídico de compraventa contenido en la Escritura Pública de fecha veinte de octubre de dos mil seis otorgada por Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno a favor de la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado respecto al predio sub litis disponiendo la cancelación del asiento registral de inscripción C00002 anotado en la Partida número 44933322 de los Registros de Propiedad Inmueble de Lima estableciéndose lo siguiente: a) al margen de invocarse como causal de nulidad del acto jurídico el fin ilícito atendiendo a que dicho acto constituye una venta de cosa ajena resulta de aplicación la causal de objeto jurídicamente imposible regulado en el artículo 219 inciso 3 del Código Civil; b) los demandados Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado sostienen que la adquisición del inmueble la efectuaron al amparo de la buena fe contemplada en el artículo 2014 del Código Civil sin embargo la buena fe no sólo se sustenta en la exactitud de la inscripción registral sino también en la posibilidad de conocer su inexactitud señalando en tal sentido que basándose en la ponderación de intereses los demandados compradores se encontraban en posibilidad de saber que el bien que adquirían se encontraba ocupado por el demandante y no por su vendedora y que a ésta se le había otorgado un mandato el cual está inscrito en Registros Públicos a efectos que adquiriere el referido bien con obligación de revertirlo a su vendedor (hoy demandante) hechos que permiten concluir que el principio de buena fe no beneficia a los demandados. QUINTO: Que, apelada que fue la precitada resolución la Sala Superior por resolución de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece confirma la sentencia apelada consignando como fundamentos los siguientes: en la apelada se establece esencialmente que quien pretende comprar un inmueble de mucho valor lo primero que tiene que advertir es la ubicación del inmueble o identificar al vendedor, revisar los títulos de propiedad, verificar que el inmueble se encuentra en posesión del comprador o en su caso desocupado, comprobar si el vendedor es en efecto el verdadero dueño, que esté al día en el pago de sus obligaciones tributarias, contratar a un abogado, negociar y finalmente celebrar el contrato situación que no ha sucedido en el caso de autos toda vez que los demandados compradores se encontraban en posibilidad de saber que el bien inmueble estaba ocupado por el demandante y su esposa más no por su vendedora además que la referida vendedora había sido objeto de un mandato inscrito en los Registros Públicos para la adquisición de dicho bien con la obligación de revertirlo a su vendedor quien justamente es el demandante lo que hace concluir que el principio de buena fe no beneficia a los demandados. SEXTO: Que, en el caso de autos en relación a la causal de infracción normativa procesal alegada en los recursos respectivos conviene señalar que la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales que establece el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú constituye un principio que informa sobre el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo un derecho fundamental de los justiciables garantizándose mediante la debida motivación por un lado que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad a la Constitución y las leyes y del otro que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. SÉTIMO: Que, en cuanto a la denuncia referida en el considerando anterior se verifica que los fundamentos vertidos por los recurrentes carecen de base cierta toda vez que en la sentencia de mérito no se verifica la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso pues la misma según  se aprecia aparece motivada y contiene la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta. OCTAVO: Que, en relación a la causal de infracción normativa de derecho material denunciada por los impugnantes es necesario tener en consideración que el artículo 2014 del Código Civil establece que: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La buena fe se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro” apreciándose del texto literal precitado dos aspectos claramente distinguibles: la normatividad sustantiva recoge el denominado Principio de la Fe Pública registral cuyo fundamento radica en la necesidad de asegurar el tráfico patrimonial así como proteger las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen los terceros adquirientes que se hayan producido confiados en el contenido de los asientos registrales en tal sentido la buena fe registral busca proteger la adquisición efectuada a título oneroso y de buena fe de quien aparece en el Registro como titular registral contra cualquier intento de enervar dicha adquisición que se fundamente en causas no inscritas antes debiendo señalarse en segundo lugar que la norma ut supra establece que la buena fe deberá reputarse a favor del tercerista en tanto no se demuestre de manera fehaciente e indubitable lo contrario esto es la buena fe se presume a favor del tercero mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro situación que en doctrina se concibe como una presunción iuris tantum. NOVENO: Que, sobre el particular se aprecia que las instancias de mérito concluyen que los terceros conformados por la sociedad conyugal Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado no pueden invocar la buena fe registral por cuanto como demandados compradores se encontraban en posibilidad de conocer que el bien sub litis que adquirían se encontraba ocupado por el demandante y no por su vendedora además que a la citada vendedora se le había entregado un mandato el cual está inscrito en Registros Públicos a efectos de adquirir el referido predio con la obligación de revertirlo a su vendedor quien resulta ser en este caso el hoy demandante. DÉCIMO: Que, sin embargo debe tenerse en cuenta que la precitada interpretación no sólo resulta incongruente con lo normado de manera expresa en el artículo 2014 del Código Civil pues dicha situación no se aprecia de manera cierta en los presentes actuados toda vez que el Principio de Fe Pública Registral busca en realidad proteger a los terceros adquirientes quienes confiados en la exactitud y certeza que brindan las inscripciones registrales realizan la adquisición de bienes inmuebles la cual resultará válida y permanecerá como tal aun cuando posteriormente se anule, rescinda o resuelva el título de su otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos debiendo precisarse que la norma bajo comentario en ningún momento ni circunstancia sugiere o exige de manera expresa que el tercero deba conocer previamente quién es el que se encuentra en posesión del predio que va a adquirir o que deba verificar con antelación si el bien se encuentra desocupado o en su caso establecer si el vendedor era o no el verdadero dueño conforme ha sido sostenido uniformemente por las instancias de mérito pues ello no refleja el sentido mismo de la noma contenida en el artículo 2014 del Código Civil careciendo de sustento fáctico lo sostenido por las instancias de mérito toda vez que conforme se aprecia del contenido mismo de la Partida número 44933322 el predio sub litis fue adquirido por la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado de su vendedora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno (fojas once) quien a esa misma fecha y en la misma partida registral aparecía como la anterior propietaria (fojas siete) no apreciándose por lo demás que en tal partida hubiese aparecido algún mandato ni representación a favor de la citada vendedora o en su caso la revocatoria del mismo siendo esto así se acredita que los terceros demandados han adquirido el predio sub litis a título oneroso y de quien aparecía en ese momento con facultades para celebrar el acto traslativo habiendo por tanto actuado al amparo del Principio de Buena Fe Registral debiendo agregarse que el demandante en su escrito de demanda ha declarado expresamente en el punto quinto de sus fundamentos de hecho que: “a mediados del año dos mil dos comienzan los problemas conyugales con mi cónyuge, y por mandato judicial me veo obligado a tener que dejar de vivir en el hogar conyugal (...)” reconociendo el demandante que no se encontraba residiendo en el predio sub materia desde el año dos mil dos por lo que aun en el supuesto negado que fuera exigible que el tercero debiera conocer quién es el que se encontraba en posesión del predio sub litis cierto es que a partir de esa fecha no era el demandante el que se encontraba residiendo en el referido inmueble por cuya razón lo consignado por las instancias de mérito carece de sustento fáctico alguno debiendo en consecuencia declararse fundado el recurso por la causal de infracción normativa de derecho material contenida en el artículo 2014 del Código Civil al haber actuado los recurrentes amparados por el Principio de Fe Pública Registral al momento de adquirir el predio sub litis. DÉCIMO PRIMERO: Que, asimismo es menester señalar de manera complementaria que al haberse determinado la buena fe con la que han actuado los terceros ahora recurrentes resulta de aplicación al presente caso el principio registral previsto por el  artículo 2013 del Código Civil referente al Principio de Legitimación el cual establece que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez toda vez que la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado adquirieron la propiedad del bien de quien aparecía en el Registro Público con facultad para transferir registrando su derecho el cual no fue materia de observación registral alguna anotándose el quince de noviembre de dos mil seis conforme se aprecia de la respectiva ficha registral. DÉCIMO SEGUNDO: Que, habiéndose denunciado la infracción normativa del artículo 2022 del Código Civil referente a la oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos debe dejarse establecido que en el caso de autos no se debate la oponibilidad del derecho del demandante frente al derecho de propiedad de los demandados pues lo que ha sido materia del contradictorio es la validez del acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha veinte de octubre de dos mil seis así como la cancelación del asiento registral de la Partida número 44933322 por considerar que dicho acto se encuentra incurso en la causal de fi n ilícito deviniendo por tanto en impertinente la aplicación de dicha norma a los hechos establecidos en el presente proceso no siendo tampoco de aplicación al caso concreto las normas contenidas en los artículos 194, 1810 y 2019 del Código Civil pues los recurrentes no han cumplido los requisitos de procedencia exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil al no describir con claridad y precisión la infracción normativa denunciada en cada caso ni demostrar la incidencia directa de dichas infracciones sobre la decisión judicial impugnada. Estando a lo expuesto resulta de aplicación lo dispuesto en la primera parte del artículo 396 del Código Procesal Civil; consideraciones por las cuales declararon: FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el Banco de Crédito del Perú y Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas quinientos sesenta y seis, de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y actuando como sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuatrocientos treinta y dos de fecha veinticinco de enero de dos mil trece que declara fundada la demanda y REFORMANDO la misma declararon infundada la demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral interpuesta; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Julio Francisco Díaz Ríos con Erick Manfredo Mondragón Olaya y otros sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, TELLO GILARDI, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS
C-1359716-3

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lunes, 23 de enero de 2017

IX PLENO CASATORIO CIVIL


JURISPRUDENCIA

Miércoles 18 de enero de 2017 / El Peruano

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

IX PLENO CASATORIO CIVIL

CASACIÓN Nº 4442-2015 MOQUEGUA

Demandantes              : Mejía García, Liliana Amanda Barrios Carpio, Jubert Alberto

Demandados               : Reátegui Marín, Rosa Estrella Collantes Arimuya, Ángel Gabriel

Materia                        : Otorgamiento de escritura pública

Vía procedimental      : Proceso sumarísimo

Sumario:

I. Resumen del proceso

II. Justificación del Pleno Casatorio y delimitación de la cuestión jurídica a dilucidar
III. Las opiniones de los amicus curiae

IV. Planteamiento del problema

IV.1. El contrato y sus efectos

IV.2. El principio de la libertad de forma

IV.3. Las formas ad solemnitatem y ad probationem

IV.4. La naturaleza del proceso de otorgamiento de escritura pública

IV.5. El proceso de calificación del acto jurídico

IV.6. Control de validez del acto que se pretende elevar a escritura pública

IV.6.1. Declaración de oficio de la invalidez del acto que se pretende elevar a escritura pública

IV.6.2. Declaración de oficio de la invalidez y principios del proceso

IV.7. Casos específicos sobre otorgamiento de escritura pública

IV.7.1. El contrato de compraventa

IV.7.2. El contrato de donación y el contrato de anticresis

IV.8. Control de eficacia del acto que se pretende elevar a escritura pública

IV.8.1. La condición suspensiva, el plazo suspensivo y el otorgamiento de escritura pública

IV.8.2. La excepción de incumplimiento y el otorgamiento de escritura pública

IV.8.3. La resolución del contrato y el otorgamiento de escritura pública

V. Análisis del caso

VI. Decisión

SENTENCIA DICTADA POR EL PLENO CASATORIO CIVIL REALIZADO POR LAS SALAS CIVILES PERMANENTE Y TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
En la ciudad de Lima, Perú, a los 09 días del mes de agosto de 2016, los señores Jueces Supremos, reunidos en sesión de Pleno Casatorio, han expedido la siguiente sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil. Vista que fue la causa en Audiencia Pública del Pleno Casatorio de fecha 08 de junio de 2016, oídas que fueron las exposiciones de los señores abogados invitados en calidad de amicus curiae (Amigos del Tribunal), discutida y deliberada que fue la causa, siendo la magistrada ponente la señora Jueza Suprema Janet Tello Gilardi, de los actuados resulta:

viernes, 20 de enero de 2017

RESOLUCIÓN DE CONTRATO


LOS EMPLAZADOS JOSÉ EVERTH ESPINOZA HIPÓLITO Y AMELIA TORIBIO SOLÍS HAN INCURRIDO EN CAUSAL SOBREVIVIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO AL HABER INCUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN CONSISTENTE EN EL PAGO DE LAS LETRAS, POR LO QUE RESULTA ATENDIBLE LA PRETENSIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, CONFORME A LO NORMADO POR EL ARTÍCULO 1371 DEL CÓDIGO CIVIL, ENCONTRÁNDOSE LA SENTENCIA RECURRIDA DEBIDAMENTE MOTIVADA.

CAS. Nº 1864-2014 HUÁNUCO

Lima, ocho de julio de dos mil quince.

_________________________________________________________________________

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil ochocientos sesenta y cuatro - dos mil catorce; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís a fojas doscientos sesenta y tres, contra la sentencia de vista de fojas doscientos cuarenta y seis, de fecha dos de junio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que confirma la sentencia apelada de fojas ciento setenta y nueve, de fecha diez de setiembre de dos mil trece, que declara fundada en parte la demanda interpuesta sobre Resolución de Contrato; infundada respecto a la pretensión accesoria de Indemnización por Daños y Perjuicios; y la Integraron a efectos que los demandados restituyan el inmueble sub litis a favor de la demandante; en los seguidos por José Everth Espinoza Hipólito y otra contra Olinda Cruz Peña Vásquez, sobre Resolución de Contrato y otro. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, de fojas ochenta y uno del cuadernillo formado en este Supremo Tribunal, por la causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, por la cual se denuncia: A) El artículo 1429 del Código Civil: Alegan que el juzgador no aplica de manera idónea la citada norma con relación a la resolución de contrato, ya que al optar la demandante por el requerimiento, admitió a la vez someterse al procedimiento estipulado por la norma, es así que tenía que establecer un plazo razonable para el cumplimiento de la obligación por parte de los demandados, plazo que incluso podía ser mayor a los quince días, es así que en la resolución materia del presente recurso impugnatorio no está aplicando debidamente la norma, ya que este señala que dicha inaplicación de la norma constituye fundamento para declarar la improcedencia de la demanda, sin embargo la norma sustantiva aplicable es de estricto cumplimiento y que incluso señala que puede ser un plazo mayor a los quince días por lo que la interposición de la demanda en un plazo que se hizo no sustenta el incumplimiento del proceso ya previsto por la norma; B) El artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú: Sostiene que la recurrida no se encuentra debidamente motivada tanto con fundamentos de hecho como de derecho, pues no se sustenta en base a que se establece el monto de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) por concepto de compensación equitativa por el uso del bien, no se hace referencia a los intereses legales al precio pagado ascendente a la suma de cuatro mil dólares  americanos (US$.4,000.00) y el importe de cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80), que oportunamente hicieron la entrega los demandados los mismos que hasta la fecha han generado intereses. Que la presente demanda debió ser declarada improcedente, ya que no existe legitimidad para obrar de la demandante para pretender la resolución del contrato ni mucho menos indemnización por daños y perjuicios, pues en dicho contrato se menciona que los vendedores dejan claramente establecido que no es necesario la intervención de ellos, ni de autorización escrita alguna para que CONEMINSA otorgue la escritura pública de compraventa definitiva a los recurrentes, de lo cual se entiende que no habría legitimidad para obrar de la demandante, resultando legitimada CONEMINSA para instaurar acciones legales, lo cual hace devenir en improcedente la petición de la demandante. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, del examen de los autos se advierte que la demandante Olinda Cruz Peña Vásquez interpone demanda a fojas dieciocho, subsanada a fojas treinta, solicitando que se declare la Resolución de Contrato de Cesión de Transferencia, por incumplimiento de cláusula contractual. Y accesoriamente solicita el pago de treinta mil nuevos soles (S/.30,000.00), por concepto de Indemnización, por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual, sostiene como fundamentos fácticos de su demanda lo siguiente: 1) Con fecha once de mayo de dos mil uno (cuatro de octubre de dos mil, a fojas cuatro), celebró junto con su esposo Adolfo Martínez Mantilla, un contrato de compraventa con la empresa CONEMINSA mediante el cual adquirió el inmueble Departamento número 101, Edificio A-8, Conjunto Habitacional Multifamiliar Paucarbamba, Amarilis – Huánuco, por el precio de quince mil doscientos dos dólares americanos con diez centavos (US$.15,202.10), que debía cancelarse de la siguiente manera: pago inicial de mil quinientos veinte dólares americanos con veintiún centavos (S/.1,520.21) cancelado a la firma de la minuta y el saldo en quince años; 2) Con fecha once de mayo de dos mil uno, suscribieron con los demandados un contrato de transferencia, cediendo su posesión contractual en calidad de compradores sobre el inmueble, pactando que los demandados se harían cargo de los pagos acordados con CONEMINSA hasta la total cancelación del precio de la venta; 3) En la cláusula cuarta del contrato de transferencia de derechos, se observa que los demandados declararon conocer sobre el estado de la documentación del inmueble que adquirieron, asumiendo el pago de todas (las cuotas mensuales durante quince años a favor de CONEMINSA) para lo cual les entregaron en contraprestación el monto de cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00) en dos partes, la primera parte por tres mil dólares americanos (US$.3,000.00) a la firma del contrato y el saldo de mil dólares americanos (US$.1,000.00) en el mes de junio de dos mil uno; 4) Cuando la recurrente y su esposo adquirieron la propiedad del citado inmueble lo hicieron a condición ad corpus, tomando posesión inmediata del bien, esta posesión fue inmediatamente trasladada a los demandados, quienes vienen ocupando el inmueble desde la fecha que celebró el contrato de Cesión de Derechos; 5) Los demandados incumplieron con su obligación de pago, hecho que recién se enteró al solicitar un crédito y encontrarse con la desagradable sorpresa de que existían una serie de letras protestadas por falta de pago. CONEMINSA les ha venido requiriendo en forma reiterativa el pago de las letras cuya deuda fue subrogada a los demandados. En el estado de cuenta que se adjunta, se observa que al día once de julio de dos mil once, existe una deuda de cuarenta y ocho mil ciento veintiún nuevos soles con siete céntimos (S/.48,121.07); 6) Estando a que los demandados han incumplido con su obligación contractual, se vio obligada a requerir vía notarial la inmediata cancelación de las cuotas adeudadas bajo apercibimiento de resolución, sin embargo, no han cumplido dicho requerimiento, manteniendo la deuda de la referencia a la fecha; 7) Los hechos alegados la perjudica, por cuanto, a la fecha no ha cancelado el saldo del precio de la venta, y peor aún, no puede disponer libremente del bien, ya que el contrato se encuentra vigente, el mismo que por el tiempo transcurrido se ha devaluado tremendamente. SEGUNDO.- Que, admitida a trámite la demanda y corrido traslado a la parte demandada José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís, se apersonan al proceso y mediante escrito de fojas ciento tres, de fecha veinte de diciembre de dos mil once, contesta la demanda señalando sustancialmente lo siguiente: 1) Del contrato de transferencia se puede establecer que con dicho documento se ha celebrado un contrato de transferencia de inmueble, hecho que por disposición de los artículos 1354 y 1355 del Código Civil, resulta ser válido y surte todos sus efectos legales entre las partes, máxime si de conformidad con lo establecido en el artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. Siendo así, los recurrentes han hecho los trámites correspondientes por ante la Municipalidad Distrital de Amarilis para el pago de impuesto predial, en donde a la fecha vienen pagando dicho impuesto, así el pago de energía eléctrica, por haber sido transferido el inmueble de conformidad al contrato de transferencia entre las partes. De tal manera, la Municipalidad citada les ha expedido certificado de posesión de fecha veinticuatro de octubre de dos mil once; 2) La demanda  interpuesta no se encuentra arreglada a ley, por cuanto, no existe coherencia ni precisión entre el petitorio y los fundamentos de hecho; por otro lado, solicita el pago de treinta mil nuevos soles (S/.30,000.00), por concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios, sin especificar montos en los fundamentos de hecho con relación a la indemnización, simple y llanamente hace referencia del daño indemnizable y cuantificación del daño, aun mas sin acreditar con pruebas objetivas sobre la pretendida Indemnización por Daños y Perjuicios, por lo que en estas condiciones, la demanda no es amparable para su admisión, por lo que se debió declarar inadmisible la demanda y darse un plazo para que se subsane omisiones que se advierte en el petitorio de la demanda; 3) Con fecha once de mayo de dos mil uno celebraron transferencia del inmueble, siendo así, Adolfo Martínez Mantilla debe ser parte del proceso, la demandante no lo ha considerado como demandante; 4) A la fecha han cumplido en pagar noventa letras que en total es la suma de cuarenta y cuatro mil nuevos soles (S/.44,000.00), tal como puede acreditar con las letras de cambio canceladas que se adjunta como medio probatorio a la contestación de la demanda; 5) Con relación del incumplimiento de pago, es parcial, por lo que a la fecha tienen la intención de cancelar en su integridad la deuda contraída y cumplir el contrato de compraventa en todos sus extremos, ningún momento existió la intención de evadir sus obligaciones contraídas, más por el contrario son los más interesados de cancelar la deuda, por lo que no existe causales como para pretender la resolución de contrato, siendo así, tampoco es amparable la demanda con relación a la petición de indemnización, por no estar acreditado los daños causados, que hace referencia en los fundamentos de su demanda; 6) Conforme a lo previsto en el artículo 1429 del Código Civil, se tiene que para la resolución del contrato de pleno derecho debió hacerse primigeniamente intimación o requerimiento respectivo para la satisfacción del pago correspondiente, sin embargo, la demandante lejos de conceder un plazo razonable no menor de quince días, tal como indica con mucha claridad en los extremos de la acotada norma civil, cursa carta notarial con fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once, a los demandados haciéndoles conocer que no han cumplido con efectuar los pagos de las respectivas letras y requiere a fin de que en termino de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la fecha se cumpla con cancelar la deuda en mención; demostrándose con la carta notarial en referencia, la ausencia de la formalidad que establece los extremos del contrato, concordante con el artículo 1429 del Código Civil, siendo así, la presente demanda debe ser declarada improcedente; 7) Si bien es cierto mediante carta notarial de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once, se les hace requerimiento a fin de que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la fecha cumplan con la deuda en mención, sin precisar las cuotas de la deuda parcial o el total; es así, que los recurrentes con fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, por el mismo conducto notarial, en oposición de su contenido, indicaron los motivos y atrasos de pago de algunas letras, estos atrasos se generaron a raíz de un acuerdo de todos los habitantes del conjunto habitacional a mérito de controversias generadas en su construcción y avance del informe de defensa civil y del colegio de enfermeros filial Huánuco; asimismo han referido que a la fecha han decidido cancelar las letras pendientes en su integridad y oportunamente se le debe otorgar las escrituras públicas para la inscripción registral. TERCERO.- Que, valoradas las pruebas y compulsados los hechos expuestos por las partes, por sentencia de primera instancia de fecha diez de setiembre de dos mil trece, se declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, resuelto el Contrato de Cesión de Transferencia de fecha once de mayo de dos mil uno, ordena que la demandante restituya a los demandados el precio pagado ascendente a cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00); y el importe de las letras de cambio pagadas por los emplazados por concepto de cuotas mensuales a la empresa CONEMINSA, ascendente a cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80); dispone que los demandados abonen como compensación equitativa por el uso del bien, en la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) a favor de la demandante. Infundada respecto a la pretensión accesoria de Indemnización por Daños y Perjuicios. Basada en los siguientes argumentos: 1) Se establece que la demandante suscribió con los demandados un contrato privado de Transferencia, mediante la cual la actora con la intervención de su cónyuge, le cede su posesión contractual en calidad de compradores del inmueble sub litis, la misma que lo había adquirido mediante contrato de compraventa con la empresa CONEMINSA, a favor de los hoy demandados, habiéndose pactado en dicho acto jurídico, que la accionante transfiere en forma definitiva y perpetua a los demandados todos los derechos de propiedad del departamento por la suma de cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00) que fueron pagados de la siguiente manera: tres mil dólares americanos (US$.3,000.00) en el acto de la firma del contrato de transferencia y mil dólares americanos (US$.1,000.00) que serían pagados por los compradores a los vendedores el día dos de junio de dos mil uno, por cuya obligación acepta una letra de cambio por ese monto y vencimiento (cláusula segunda); así mismo conforme es de verse de la cláusula quinta los compradores declaran que  tienen conocimiento que los vendedores tienen pendiente de pago a la empresa CONEMINSA ciento setenta y dos letras de cambio por un monto de cuatrocientos noventa y ocho nuevos soles con cincuenta y un céntimos (S/.498.51) cada una de ellas, con vencimiento la numero uno en el mes de junio de dos mil uno y con vencimiento al dieciocho de julio de dos mil quince la letra número ciento ochenta; los compradores declaran expresamente que asumen y se obliga a realizar el pago de las ciento setenta y dos letras de cambio, a su vencimiento, cumpliendo el cronograma de pagos que también entregan los vendedores a los compradores en la fecha (cláusula sexta); habiendo la demandante mediante carta notarial de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once, requerido a los demandados el cumplimiento de lo pactado en la cláusula cuarta y quinta del contrato de transferencia, señalando que los demandados solamente habían pagado hasta la letra número noventa y que la diferencia había sido cargada a la actora, otorgándoles un plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha recepcionada por la hija de los demandados conforme se advierte de la notificación realizada por la Notaria Pública Corina López de Israel, de fojas diecisiete, acreditándose de este modo la celebración de un contrato de transferencia del inmueble otorgado por la demandante a favor de los demandados, habiéndose legalizado las firmas de los contratantes por ante Notario Público, conforme de verse a fojas once; 2) De las letras de cambio de fojas cuarenta y ocho a ochenta y nueve, se tiene que los demandados han pagado a la empresa CONEMINSA, las cuotas mensuales ascendente a cuatrocientos noventa y ocho nuevos soles con noventa y un céntimos (S/.498.91), desde el mes de noviembre de dos mil hasta el mes de febrero de dos mil ocho, habiendo pagado el importe de noventa cuotas mensuales, que ascienden a la suma de cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80), tal y conforme lo ha indicado los propios demandados en su escrito de absolución de la demanda, de los cuales se colige, que los demandados han incumplido con lo pactado en la cláusula quinta y sexta del contrato de Transferencia -Cesión de Posesión Contractual-, donde se comprometieron en su calidad de cesionario (compradores) al pago de las ciento setenta y dos letras de cambio a la empresa CONEMINSA a su vencimiento puntualmente habiendo pagado los demandados solamente noventa de ellas, habiendo incumplido respecto a las demás obligaciones, y si bien refieren los demandados que tiene la intención de cancelar en su integridad la deuda contraída y cumplir el contrato de compraventa en todos sus extremos, y que los atrasos se generaron a razón de un acuerdo de todos los habitantes del conjunto habitacional a mérito de controversias generadas en su construcción y avance del informe de defensa civil y del colegio de enfermeros fi lial Huánuco, sin embargo, dicho argumento no ha sido probado en autos, acreditándose por el contrario con la propia versión de los demandados, la misma que debe tenerse como declaración asimilada, el incumplimiento realizado por parte de los emplazados con lo pactado en el contrato de Transferencia de fecha once de mayo dos mil uno; quienes reconocen expresamente no haber podido cumplir con su obligación asumida, habiendo inclusive la demandante requerido su cumplimiento a los demandados, mediante carta notarial de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil once (fojas diecisiete), y que de no hacerlo peticionaría por ante la autoridad judicial la Resolución del Contrato; conforme se advierte del tenor del referido documento, habiéndose otorgado el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para su cumplimiento, hecho que ha sido objetado por la demandada señalando que no se ha otorgado el plazo que señala el artículo 1429 del Código Civil, sin embargo, si bien la demandante ha optado por cursar la carta notarial, también es cierto, que ello es facultativo, por lo que no se le impide accionar judicialmente ante el incumplimiento de la obligación por parte de la demandada, máxime si desde la fecha de notificación de la carta notarial cursada a la demandada a la presentación de la demanda, ha transcurrido también en exceso el plazo de quince días a que hace referencia la norma acotada; 3) De lo descrito, los demandados no han cumplido con el pago de las cuotas mensuales a las que estaban obligadas a favor de la empresa CONEMINSA, en su condición de cesionarios compradores, es más, los demandados al momento de efectuar la contestación de la demanda no han pagado y/o contradicho la existencia del incumplimiento, limitándose su defensa a argumentar que por motivos de fallas en la construcción y por acuerdo de los habitantes del conjunto habitacional se atrasaron en el cumplimiento de su obligación; acreditándose con ello el incumplimiento de la obligación por parte de los emplazados; 4) Estando a lo establecido en el artículo 1428 del Código Civil, la demandante siendo parte del acto jurídico realizado materia de la presente litis, solicita la resolución del contrato refiriendo que los demandados no han cumplido con cancelar las cuotas mensuales; siendo que ello constituye incumplimiento de la prestación que les corresponde a los demandados como compradores, la misma que importa una causal sobreviviente a la celebración del contrato, por lo que resulta atendible la pretensión de resolución de contrato, conforme a lo normado por el artículo 1371 del Código Civil; 5) Subsumiendo los hechos invocados por las partes a lo previsto en el artículo 1563 del Código Civil, el contrato debe ser declarado resuelto, pues, ha habido un incumplimiento a cargo de  los demandados en el pago de las cuotas mensuales a las que estaban obligados en su calidad de compradores del inmueble, quienes de considerar que existían factores que impedían su cumplimiento debieron de ejercer aquellas potestades que le otorgan la ley (en su caso el mismo contrato) que existieran de manera objetiva una causa que justificará dicha acción; y estando a que los demandados mediante el contrato privado de transferencia de fecha once de mayo de dos mil uno, han adquirido la posesión del mismo, en aplicación del tercer párrafo del artículo 1372 del Código Civil, en el caso de autos las partes deben restituirse las prestaciones ejecutadas, esto es, proceder a la entrega del mismo, y el demandante debe proceder a la devolución del dinero en efectivo que los emplazados le han pagado al momento del acto de la transferencia, la suma de cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00) y el importe de las noventa letras de cambio pagadas por los emplazados por concepto de cuotas mensuales a favor de la empresa CONEMINSA, ascendente a la suma de cuarenta y cuatro mil nuevos soles (S/.44,000.00), la misma que deberá efectuarse en ejecución de sentencia; 6) La demandante no ha precisado en forma exacta cuál es el concepto demandado, máxime, si el daño patrimonial comprende los conceptos de daño emergente y lucro cesante, no habiendo precisado en el caso de autos, a que concepto demanda el monto de treinta mil nuevos soles (S/.30,000.00), habiéndose demandado ello en forma por demás genérica, no pudiendo establecerse entonces a cuál de los daños resulta imputable el monto demandado, siendo obligación del accionante precisar su petición indemnizatoria demandada, a tenor del artículo 1985 del Código Civil, a efectos de establecer cuál es la pérdida o menoscabo patrimonial efectivamente sufrido (daño emergente) y cuál es la ganancia o utilidad dejada de percibir (lucro cesante) daños alegados además que no se encuentra acreditado en autos con medio probatorio alguno, pues si bien refiere la demandante que se encuentra insertada en el sistema económico como deudor moroso y se encuentra impedida de poder acceder a cualquier crédito en el sector comercial y financiero, sin embargo ello tampoco ha sido acreditado en autos. CUARTO.- Que, apelada que fuera la sentencia de primera instancia, la Sala Superior mediante resolución de vista de fecha dos de junio de dos mil catorce, de fojas doscientos cuarenta y seis, confirmó la apelada e Integraron que los demandados restituyan el inmueble sub litis a favor de la demandante, señalando esencialmente lo siguiente: a) La demandante y su cónyuge celebraron un contrato de transferencia con prestaciones reciprocas con los demandados, a través del cual la demandante vendió a los demandados el inmueble sub litis de su propiedad que compró a plazos de la empresa CONEMINSA, inscrito en la Ficha número 28612, obligándose los compradores al pago de las ciento setenta y dos letras de cambio, a favor de la empresa CONEMINSA conforme al cronograma establecido en el referido contrato; b) En cuanto a que no se ha tenido en cuenta que en el referido contrato no se ha establecido cláusula expresa de resolución de contrato, y en forma contraria si se mencionó que los vendedores dejan claramente establecido que no es necesario la intervención de ellos, ni de autorización escrita alguna que a la hora que CONEMINSA otorgue la escritura pública de compraventa definitiva a los recurrentes; al respecto, las normas del Código Civil, son de orden público en consecuencia de estricto cumplimiento para regular las relaciones y situaciones jurídicas dentro del territorio nacional, siendo ello así, el argumento del demandado cuando indica que no ha pactado la forma de resolución del contrato, no es óbice para que no se cumpla con lo dispuesto en el Código Civil; por otra parte, respecto de que la demandante, no tiene legitimidad para obrar, debido a que ésta le cedió todos sus derechos frente a CONEMINSA, sin perjuicio de la improcedencia de dicho cuestionamiento por haber precluido para los demandados la posibilidad de cuestionar las condiciones de la acción por no encontrarse dentro del término y etapa correspondiente, de este argumento, dicha transferencia de derechos está sujeta al real y efectivo cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato por parte de los demandados, esto es, el pago de la última letra de cambio por la compra del referido inmueble, lo que en el presente caso, como los propios accionados lo han señalado, no se ha cumplido, al solo haber hecho efectivo el pago de noventa letras de cambio; c) En cuanto al hecho en que el demandado cuestiona que al haber optado la demandada en cursarle carta notarial para que cumpla con sus obligaciones celebradas en el referido contrato, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, no se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 1429 del Código Civil; al respecto, la referida carta notarial fue válidamente notifi cada a los demandados, el veintiséis de setiembre de dos mil once, y si bien en esta se otorgó al demandado el plazo de cuarenta y ocho (48) horas para que cumpla con su obligación, ello no es fundamento para declarar la improcedencia de la presente demanda, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 1428 del Código Civil, que es una cuestión facultativa del perjudicado exigir el cumplimiento de la obligación o en todo caso solicitar la resolución del contrato, siendo ello así, el cuestionamiento al plazo que se le otorgó al demandante para el cumplimiento de su obligación, no puede ser amparado, máxime si la demanda se presentó en tiempo superior a quince días de notifi cada la carta notarial y hasta la fecha de la  apelación el demandado, no ha cumplido con su obligación; d) No habiendo acreditado los demandados haber cumplido con las condiciones y obligaciones contractuales celebradas en el contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 1428 del Código Civil, debe confirmarse la apelada; e) Conforme al tercer párrafo del artículo 1372 del Código Civil, por razón de la resolución del contrato, las partes deben restituirse las prestaciones en el estado en que se encontraran al momento en que se produce la causal que la motiva, y si ello no fue posible deben rembolsarse en dinero el valor que tenían en dicho momento. En esa línea de restitución de las prestaciones conforme ha quedado establecido, en un efecto natural de la resolución que no requiere ser invocado por ninguna de las partes, toda vez que opera por el solo hecho de la extinción de la resolución obligatoria, siendo ello así y no habiéndose dispuesto en el fallo de la sentencia, se restituye el bien inmueble a favor de la demandante, en consecuencia dicho aspecto debe ser integrado, de conformidad con lo señalado en el citado artículo y lo dispuesto en el artículo 172 in fine del Código Procesal Civil. QUINTO.- Que, el artículo 1429 del Código Civil establece la Resolución de pleno derecho, señalando que en el caso del artículo 1428 del precitado Código, la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notarial para que satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, el contrato queda resuelto. SEXTO.- Que, siendo ello así y habiendo invocado los recurrentes como uno de los agravios de su recurso de casación que no se ha aplicado de manera idónea la citada norma, es de advertirse que las instancias de mérito ya han establecido claramente que, si bien la demandante ha optado por cursar la carta notarial, también es cierto, que ello es facultativo, por lo que no se le impide accionar judicialmente ante el incumplimiento de la obligación por parte de la demandada, máxime si desde la fecha de notificación de la carta notarial cursada a la demandada a la presentación de la demanda, ha transcurrido también en exceso el plazo de quince días a que hace referencia la norma acotada, en ese sentido este Supremo Colegiado advierte que el mencionado agravio deviene en desestimable. SÉTIMO.- Que, respecto al agravio consistente en que la recurrida no se encuentra debidamente motivada tanto en sus fundamentos de hecho como de derecho al no establecer en base a qué fijó el monto por concepto de uso del bien, no hace referencia a los intereses legales de lo pagado por los recurrentes y la falta de legitimidad para obrar de la demandante, este Supremo Colegiado advierte que la demanda fue declarada fundada por considerar las instancias de mérito que los demandados no han cumplido con el pago de las cuotas mensuales a las que estaban obligadas a favor de la empresa CONEMINSA, en su condición de cesionarios compradores, limitándose la defensa de los recurrentes a argumentar que por motivos de fallas en la construcción y por acuerdo de los habitantes del conjunto habitacional se atrasaron en el cumplimiento de su obligación; acreditándose con ello que los emplazados José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís han incurrido en causal sobreviviente a la celebración del contrato al haber incumplido con su obligación consistente en el pago de las letras, por lo que resulta atendible la pretensión de resolución de contrato, conforme a lo normado por el artículo 1371 del Código Civil, encontrándose la sentencia recurrida debidamente motivada. OCTAVO.- Que, a su vez, es necesario precisar que como consecuencia de dicha argumentación el Juzgado declaró fundada en parte la demanda la misma que fue confi rmada e integrada por la Sala de Vista ordenando se declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, resuelto el contrato de Cesión de Transferencia de fecha once de mayo de dos mil uno, ordenando que la demandante restituya a los demandados el precio pagado ascendente a cuatro mil dólares americanos (US$.4,000.00); y el importe de las noventa letras de cambio pagadas por los emplazados por concepto de cuotas mensuales a la empresa CONEMINSA, ascendente a cuarenta y cuatro mil ciento setenta y tres nuevos soles con ochenta céntimos (S/.44,173.80); disponiendo que los demandados abonen como compensación equitativa por el uso del bien, en la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) a favor de la demandante; infundada respecto a la pretensión accesoria de Indemnización por Daños y Perjuicios; y la integró a los efectos de ordenar la restitución del bien inmueble materia de litis a favor de la parte demandante. NOVENO.- Que, siendo ello así, es de advertirse que el sentido de lo resuelto no obstante implicar la estimación de la demanda y como consecuencia de ello el vencimiento de la parte demandante, también lo es que, el mismo implica a favor de los demandados la devolución del monto total de lo pagado, esto es, el monto de dinero entregado al momento de suscribir el contrato de Transferencia y el total del monto de las noventa letras pagadas hasta antes de incurrir en retraso con el correspondiente descuento por concepto de compensación equitativa a favor de la demandante por el uso del bien más la restitución del mismo. Por las consideraciones expuestas y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por José Everth Espinoza Hipólito y Amelia Toribio Solís a fojas doscientos sesenta y tres; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de  vista de fojas doscientos cuarenta y seis, de fecha dos de junio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano" bajo responsabilidad; en los seguidos por Olinda Cruz Peña Vásquez contra José Everth Espinoza Hipólito y otra, sobre Resolución de Contrato y otro; y los devolvieron. Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, MARTÍNEZ MARAVÍ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA


C-1359716-10

martes, 17 de enero de 2017

OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA


A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA NO SE DISCUTE SI LAS PARTES HAN CUMPLIDO O NO SUS PRESTACIONES SINO QUE ESTÁ LIMITADO A PERFECCIONAR LA TITULACIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA DE LA COMPRAVENTA; POR LO QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA CUMPLIR CON ESTA OBLIGACIÓN, SI LA DEMANDADA, ACEPTÓ LA TRANSACCIÓN EFECTUADA POR SU PROGENITORA A FAVOR DE LA DEMANDANTE.

CAS. Nº 1598-2014 TACNA

Lima, diez de junio de dos mil quince.

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LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil quinientos noventa y ocho – dos mil catorce, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. I.- ASUNTO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Rosa Tatiana Meza Mostajo, (folios 554), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta y ocho (folios 518), del veinticuatro de marzo de dos mil catorce que revocó la sentencia apelada comprendida en la Resolución número cuarenta y nueve (folios 434) del dieciséis de setiembre de dos mil trece, que declara fundada la demanda, y reformándola declararon improcedente la demanda de Otorgamiento de Escritura Pública. II.- ANTECEDENTES: 1.- DEMANDA: Mediante escrito del veintisiete de junio de dos mil ocho Rosa Tatiana Meza Mostajo, solicita que se le otorgue la Escritura Pública de Compraventa del inmueble ubicado en el Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n del Sector “Olanique” 6, ubicado en el Distrito, Provincia, Distrito y Departamento de Tacna, con un área de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2). Manifiesta que el trece de setiembre de dos mil tres, suscribió con Juana Mercedes Carrasco de Figueroa un contrato preparatorio de compraventa respecto al bien sub litis, acordando el precio de la venta en tres mil cuatrocientos dólares americanos (US$.3,400.00), quedando un saldo a pagar de mil cuatrocientos dólares americanos (US$.1,400.00), toda vez que, a la suscripción del contrato se entregó la suma de dos mil dólares americanos (US$.2,000.00), documento que fue elevado a Escritura Pública. Agrega que en reiteradas oportunidades solicitó a la vendedora para efectuar el pago de la diferencia del precio pactado, así como la entrega del terreno a su favor, lo cual no se concretó, al no encontrarse saneado aun la documentación, por lo que decidió no cancelar la diferencia del precio, en el plazo de noventa días conforme se acordó en la tercera cláusula del mencionado contrato. Ante el delicado estado de salud de la vendedora, su hija Rosa Nilda Figueroa Carrrasco, le solicitó la entrega de doscientos dólares americanos (US$.200.00) a cuenta del terreno que se le había enajenado, extendiéndole para ello el correspondiente recibo, con lo que prueba que también ella tenía conocimiento de la transacción realizada por su progenitora. 2.- CONTESTACION DE LA DEMANDA: 2.1. Que, la demandada Rosa Nilda Figueroa Carrasco, (folios 24), contesta la demanda aceptando que la venta se efectuó de acuerdo a las consideraciones de la Escritura Pública del trece de setiembre de dos mil tres, ante la Notaría Pública Prescila Méndez Payehuanca, por el precio de tres mil cuatrocientos dólares americanos (US$3,400.00), restando un total de mil doscientos dólares americanos (US$.1,200.00), al haber recibido la compradora la suma de doscientos dólares americanos (US$ 200.00) como consta del recibo que firmó. 2.2. Por su parte Francisco Ricardo Figueroa Herrera, (folios 37), refiere desconocer las condiciones y formas en que su esposa, la vendedora, celebró el acto jurídico, además nunca advirtió que terceras personas requieran su formalización, desconoce el acuerdo efectuado por su hija con la demandante respecto a la suma de dinero recibida. Alega que el área enajenada constituye parte del inmueble de mayor extensión, que se encuentra indiviso. Refiere que su esposa tuvo tres hijos Rosa Nilda, Ricardo Juan y Yolanda Figueroa Carrasco. 2.3. Por Resolución número veintiuno del dieciséis de diciembre de dos mil once, (folios 218), ante el fallecimiento de los hijos de la vendedora Ricardo Juan y Yolanda Figueroa Carrasco, se incorporó como litis consortes necesarios pasivos a José Ricardo Carpio Figueroa por su madre fallecida y a Richard Keny Figueroa Cabezas y Joan Carlos Figueroa Cabezas por su padre fallecido, quienes fueron declarados rebeldes por Resolución número veintiocho del uno de agosto de dos mil doce (folio 273), nombrándose por Resolución número cuarenta y cinco (folio 423), curador procesal de quien en vida fue Francisco Ricardo Figueroa Herrera a la abogada Luz Augusta Casas Flores. 3.- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Saneado el proceso, se procedió a fijar el único punto controvertido: Determinar si procede disponer que los demandados cumplan con otorgar la Escritura Pública de Compraventa del inmueble sito en el Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n, del Sector “Olanique” 6 del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, con una extensión de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2), a favor de la demandante. 4.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Culminado el trámite correspondiente, la Jueza del Juzgado Especializado en lo Civil de Gregorio Albarracín de la Corte Superior de Justicia de Tacna, emite sentencia declarando fundada la demanda, en consecuencia, ordena que la Sucesión de Juana Mercedes Carrasco de Figueroa, cumpla con otorgar la Escritura Pública de Compraventa a favor de la demandante, respecto del inmueble signado como Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n del Sector “Olanique” 6, del Distrito, Provincia, y Departamento de Tacna, con un área de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2), con los linderos que se detallan. Sustenta su decisión en que entre las partes existió la obligación de celebrar un Contrato de Compraventa en mérito al contrato preparatorio del trece de setiembre de dos mil tres, siendo exigencia de la demandada la obligación de formalizar su transferencia; transacción que fue reconocida por la demandada Rosa Nilda Figueroa Carrasco, advirtiéndose del contrato preparatorio la individualización del bien, y el pago de la acreencia, con la entrega de los dos mil dólares americanos (US$.2,000.00) consignados a la celebración del contrato, la suma de doscientos dólares americanos (US$.200.00) otorgados a la hija de la vendedora como forma de adelanto y el saldo de mil doscientos dólares americanos (US$.1,200.00) consignado mediante depósito judicial (folios 375), por lo que únicamente se encuentra pendiente la entrega del bien; por tanto la alegación formulada por Ricardo Figueroa Herrera, cónyuge de la vendedora respecto a que la venta fue respecto de un área de mayor extensión no desvirtúa la pretensión de la demandante, más aun cuando del contrato preparatorio se advierte que el inmueble fue individualizado. 5.- APELACION DE SENTENCIA: Mediante escrito (folios 459), la demandada Rosa Nilda Figueroa Carrasco, interpone recurso de apelación contra la sentencia de vista. 6.-SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: La Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna (folios 518), revocó la sentencia que declara fundada la demanda y ordena que la Sucesión demandada cumpla con otorgar a favor de la parte demandante la correspondiente Escritura Pública de Compraventa del bien sub litis, y reformándola la declaró improcedente, tras considerar, que con el Otorgamiento de Escritura Pública lo que se busca es revertir de determinada formalidad el acto jurídico, por lo que previamente debe existir el Acto Jurídico a formalizar, lo que no sucede en el presente caso, ya que las partes celebraron solamente un Contrato Preparatorio de Compraventa respecto al bien sub litis, no existiendo el contrato definitivo, por lo que la obligación existente entre las partes es la de la suscripción del contrato (definitivo), antes que la formalización del documento. III.- DEL RECURSO DE CASACIÓN: Que, esta Sala Suprema, por resolución del diecinueve de agosto de dos mil catorce ha declarado la procedencia ordinaria del recurso de casación por Infracción normativa procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, por cuanto establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, ya que la sentencia de vista no se encuentra debidamente motivada, por la falta de pronunciamiento de aspectos relevantes, tal es así que no se ha mencionado el hecho que la recurrente ha cumplido con la totalidad del monto pactado en el contrato preparatorio, más aun tampoco se ha pronunciado respecto de la aceptación tácita del cumplimiento de la totalidad del pago, pues, a pesar de haber sido válidamente notificados con el pago por consignación no se opusieron al mismo, por lo que existe aceptación de la parte demandada. Infracción normativa material del artículo 1426 del Código Civil, pues no hay aplicación de la norma correcta, toda vez que en la recurrida indica que no se debió demandar Otorgamiento de Escritura Pública sino un proceso de obligación de hacer, pero sostiene la recurrente, que ello no corresponde si la sucesión demandada desde el inicio del proceso se mostró renuente a constituirse como tal, fue por ello que la suscrita tuvo que tramitar la sucesión intestada de quien en vida fue Juana Mercedes Carrasco de Figueroa, de igual forma una vez constituida la sucesión tampoco mostraron interés por sanear el inmueble con la única intención de incumplir con los términos del contrato. IV. MATERIA JURIDICA EN DEBATE: Que, en el presente caso la materia jurídica en discusión se centra en determinar si el Contrato Preparatorio del trece de setiembre de  dos mil tres, suscrito entre Rosa Tatiana Meza Mostajo y Juana Mercedes Carrasco de Figueroa, respecto al bien sub litis, debe ser elevado a escritura pública, y de ser el caso, si le resulta oponible la excepción de incumplimiento contenida en el artículo 1426 del Código Civil. V.- CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario cuya finalidad esencial es garantizar la debida o correcta interpretación del derecho -tutela del derecho objetivo, como base de la justicia- y asegurar la unidad de los criterios de decisión, conforme a lo previsto por el artículo 384 del Código Procesal Civil, siendo importante destacar que este recurso no tiene por finalidad el reexamen del proceso, como tampoco la revaloración de los medios probatorios. SEGUNDO.- Que, el debido proceso está referido al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, por el cual se posibilita que toda persona pueda recurrir a la justicia para obtener tutela jurisdiccional efectiva, a través de un procedimiento legal, con la observancia de las reglas procesales establecidas para ello, y, que las instancias jurisdiccionales emitan pronunciamiento debidamente motivado con arreglo a Ley. Que, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el Debido Proceso “no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce a consecuencia de la afectación de cualquiera de los derechos que lo comprenden v. que el derecho de defensa, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, reconocidos en los incisos 14 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política, respectivamente”[1] TERCERO.- Que, la exigencia de que las resoluciones judiciales sean motivadas, por un lado, informa sobre la forma como se está llevando a cabo la actividad jurisdiccional, y por otro lado, constituye un derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el derecho a tener una decisión fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté basada en normas compatibles con la Constitución, como en leyes y reglamentos vigentes, válidos y de obligatorio cumplimiento. CUARTO.- Que, en este sentido resolviendo la denuncia de la casante indicada en el acápite a), se aprecia que ésta se circunscribe a determinar que cumplió con el pago total del monto pactado en el contrato preparatorio, al no existir oposición de la parte demandada al monto consignado en los presentes autos, por lo que corresponde se le otorgue la Escritura Pública. El Juez de Primera Instancia declaró fundada la demanda, al considerar, -conforme a la cláusula tercera- que existe la obligación de la vendedora y de los miembros de la sucesión demandada, de celebrar la Compraventa definitiva, en cuanto haya sido pagada la diferencia del precio, consignación que ya fue efectuada. Por su parte, la Sala Superior revocando la apelada la declaró improcedente, fundamentando principalmente su decisión en que el contrato jurídico celebrado entre las partes no era un contrato definitivo, sino preparatorio, por lo que le correspondía su perfeccionamiento. QUINTO.- Que, de la revisión del contrato del trece de setiembre de dos mil tres, tenemos: a) que la denominación del contrato (folio 03) es “preparatorio de compraventa”; y b) de su contenido se llega a establecer que existe el consentimiento de ambas partes de concretar un acto jurídico [de venta]; c) se fijó el precio de venta en tres mil cuatrocientos dólares americanos (US$.3,400.00), habiéndose cancelado la suma de dos mil dólares americanos (US$.2,000.00) a la suscripción del documento; doscientos dólares americanos (US$.200.00) que fueron entregados a la hija de la vendedora como adelanto por la compra del inmueble; y el saldo de mil doscientos dólares (US$.1,200.00) consignados mediante depósito judicial (folios 375), como lo hizo notar el Juez de Primera Instancia; Por tanto si bien es cierto se le ha denominado “Contrato Preparatorio de Compraventa”, consignándose en su tercera cláusula que “[ (…) y, el saldo de US.$1,400.00 (un mil cuatrocientos dólares americanos), será pagado dentro de 90 días computables a partir del 13 de setiembre de 2003, fecha en la que se efectuará la compra venta y enajenación perpetua definitiva]”, también lo es que una vez completado el pago, podrá exigirse la elaboración del contrato definitivo; sin embargo habiéndose cumplido con el pago respecto al íntegro de la prestación se concluye que la misma se ha desnaturalizado en su estructura, convirtiéndose en un contrato definitivo al haberse ejecutado la obligación prestacional que une a los contratantes. SEXTO.- Ello es así porque, frente a la pretensión de la demandante la casante, indicó que “efectivamente se otorgó una escritura pública de compra venta a favor de la demandante (…) que la venta real se ha efectuado de acuerdo a las consideraciones de la escritura pública de fecha trece de setiembre de dos mil tres, ante la Notaría Pública Prescila Méndez Payehuanca”, con lo que se reafirma que no se trató de un simple “Contrato Preparatorio”. En consecuencia, se evidencia que las causales denunciadas fueron infraccionadas, porque la Sala Revisora partió de una inferencia errónea para declarar improcedente la demanda. SÉTIMO.- También deberá ser desestimada la denuncia indicada en el acápite b), por el que la casante denuncia la aplicación indebida de la excepción de incumplimiento, contenida en el artículo 1426 del Código Civil[2], siendo esta excepción una de las consecuencias de los contratos con prestaciones recíprocas. No se trata de una excepción procesal sino de un medio de defensa sustancial que faculta, -cuando las prestaciones recíprocas deben cumplirse simultáneamente-, a que cada parte contratante pueda suspender  el cumplimiento de la obligación prevista a su cargo, mientras la otra parte no cumpla con la suya o garantice su cumplimiento, con el fin de que se pueda mantener el equilibrio patrimonial entre tales prestaciones. Uno de los efectos sustanciales de la excepción de incumplimiento es que la suspensión de la prestación a cargo de uno de los contratantes no genere que éste incurra en mora, en tal sentido, dicho deudor no responderá de los daños que ocasione el retraso en el cumplimiento de la obligación[3]. OCTAVO.- Se trata de una excepción dilatoria, desde que su efecto se limita a obtener que el Juez declare que efectivamente el demandado no está obligado aun a ejecutar su prestación, sin pretenderse que el Juez declare, asimismo, que el demandante debe ejecutar su contraprestación; por lo que, tratándose el presente caso de un proceso sobre Otorgamiento de Escritura Pública, debe señalarse que el artículo 1549 del Código Civil establece que es obligación esencial del vendedor de perfeccionar la transferencia de propiedad. El problema de perfeccionamiento de la propiedad ha sido analizado por varios autores, de ahí que para Arias – Schereiber Pezet, Max[4], el perfeccionamiento supone la realización de aquellos actos que permitan al comprador ejercitar a plenitud los derechos que emanan de la compraventa. Es decir, que el artículo 1549 del Código Civil se refiere de modo integral a la adecuación de la transferencia de la propiedad del bien que es materia del Contrato de Compraventa y cubre, no solo las obligaciones principales sino también las que derivan de aquella y tengan carácter accesorio. NOVENO.- Que, en este sentido, siendo requisito indispensable para la inscripción en los Registros Públicos, que el contrato previamente sea elevado a Escritura Pública, el otorgamiento de esta formalidad estaría inmerso en la obligación de perfeccionamiento. Así el artículo 1412 del Código Civil establece que: “Si por mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida (…)". Además deberá verificarse el cumplimiento de las prestaciones a las que se han obligado las partes, que en la compraventa son la transferencia de la propiedad y el pago. DÉCIMO.- Habiéndose demandado a través del proceso únicamente la obligación de formalizar la titulación del contrato (artículo 1412 del Código Civil), en el que no se discute si las partes han cumplido o no sus prestaciones sino que está limitado a perfeccionar la titulación del contrato mediante el Otorgamiento de Escritura Pública de la Compraventa, no existe impedimento legal para cumplir con esta obligación, más aun si la demandada, quien aceptó la transacción efectuada por su progenitora a favor de la demandante, no ha justificado su negativa para otorgarla en la etapa postulatoria, esto es, en la contestación de la demanda, habiéndose referido al incumplimiento de pago recién en su recurso impugnatorio de apelación; además durante el proceso se consignó el íntegro del importe adeudado por lo que no habría razón para no otorgarla, considerando la inexistencia de alguna cláusula que condicione el pago con la obligación de escriturar la Compraventa. DÉCIMO PRIMERO.- Siendo así, y atendiendo a que si bien el Ad quem, emitió una sentencia con motivación defectuosa porque partió de un inferencia inválida al indicar que el documento cuya escrituración se solicita no es uno definitivo, no obstante que como se ha desarrollado líneas arriba tiene las formalidades del mismo, incurriéndose de esta manera en infracción al artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que afecta la tramitación del proceso y/o los actos procesales que lo componen. Sin embargo, no cabe el reenvío del proceso a la Sala Superior, a efecto de emitir nueva sentencia de revisión, toda vez que conforme se revisa del expediente el Juez del proceso mediante la sentencia de primera instancia si cumplió con las garantías constitucionales conforme se precisa en los párrafos que anteceden. IV.- DECISION: Por tales consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 396 del Código Procesal Civil. Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosa Tatiana Meza Mostajo, (folios 554), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta y ocho (folios 518), del veinticuatro de marzo de dos mil catorce; CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de segunda instancia del veinticuatro de marzo de dos mil catorce, (folios 518); y, actuando en sede de instancia CONFIRMARON la apelada sentencia de primera instancia, expedida por la Jueza del Juzgado Especializado en lo Civil de Gregorio Albarracín de la Corte Superior de Justicia de Tacna, del dieciséis de setiembre de dos mil trece, que declaró fundada la demanda en consecuencia ordena que la Sucesión demandada cumpla con otorgar Escritura Pública de Compraventa a favor de la demandante, respeto del inmueble signado como Sub Lote número A-4 de la Avenida Humbolt s/n del Sector “Olanique” 6, del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, con una extensión superficial de ciento sesenta metros cuadrados (160 m2), conforme a los linderos y colindancias que se indica, respecto de uno de mayor extensión inscrito en el Registro de Propiedad Inmueble de Tacna, Partida número 11004770, bajo apercibimiento de ser otorgada por el Juzgado en caso de incumplimiento. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Tatiana Meza Mostajo contra José Ricardo Carpio Figueroa, Rosa Nilda Figueroa Carrasco, Richard Keny Figueroa Cabezas y Luz Augusta Casas  Flores, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y los devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA




[1] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente número 1436-2006-PA/TC, del veintisiete de febrero de dos mil ocho.
 
[2] Artículo 1426.- En los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento.
 
[3] TORRES VASQUEZ, Anibal. Código Civil, Comentarios y Jurisprudencia, concordancias, antecedentes, sumillas, legislación complementaria. Quinta Edición.

[4] ARIAS – SCHEREIBER PEZET, Max. “Exégesis del Código Civil Peruano” Tomo III Gaceta Jurídica, Lima, 2000. Pagina 66.
 

C-1359716-8

viernes, 13 de enero de 2017

PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL


BUSCA PROTEGER A LOS TERCEROS ADQUIRIENTES QUIENES CONFIADOS EN LA EXACTITUD Y CERTEZA QUE BRINDAN LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES REALIZAN LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, LA MISMA QUE RESULTARÁ VÁLIDA Y PERMANECERÁ COMO TAL AUN CUANDO POSTERIORMENTE SE ANULE, RESCINDA O RESUELVA EL TÍTULO DE SU OTORGANTE POR VIRTUD DE CAUSAS QUE NO CONSTEN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ARTÍCULO 2014 DEL CÓDIGO CIVIL.

CAS. Nº 759-2014 LIMA

Lima, veintitrés de marzo de dos mil quince.

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LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista en audiencia pública de la fecha la causa número setecientos  cincuenta y nueve - dos mil catorce luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente resolución. MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata de los recursos de casación interpuestos a fojas quinientos ochenta y tres y seiscientos treinta por el Banco de Crédito del Perú, Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado contra la sentencia de vista de fojas quinientos sesenta y seis expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el cuatro de noviembre de dos mil trece que confirma la sentencia apelada que declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Que, ambos recursos de casación fueron declarados procedentes por resoluciones de fecha quince de mayo de dos mil catorce obrantes a fojas noventa y seis y noventa y nueve del cuadernillo formado en esta Sala Suprema por la causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil. El Banco de Crédito del Perú denuncia lo siguiente: infracción normativa de carácter procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú así como de los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6, 197 y 200 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; e infracción normativa material por inaplicación de los artículos 194 y 2014 del Código Civil; Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado denuncian la infracción normativa procesal de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, III y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil así como la infracción normativa material por interpretación errónea y aplicación indebida del artículo 2014 del Código Civil e infracción normativa por inaplicación de los artículos 194, 1810, 2019 y 2022 del mismo Código. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, del examen de los autos se advierte que mediante escrito de fojas treinta y cuatro Julio Francisco Díaz Ríos solicita como pretensión principal la nulidad del acto jurídico de compraventa del inmueble ubicado en el Jirón Simón Salguero número 829-827 Urbanización Canopus Distrito de Santiago de Surco Provincia y Departamento de Lima celebrado por Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno con la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado y la cancelación de Asiento Registral C00002 anotado en la Partida número 44933322 demandando asimismo como pretensión subordinada la nulidad del asiento registral en el que aparece inserta la hipoteca constituida por la antes referida sociedad conyugal a favor del Banco de Crédito del Perú sustentando la nulidad en la causal de fin ilícito prevista en el artículo 219 inciso 4 del Código Civil; refiere haber adquirido el inmueble sub litis por Escritura Pública de fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y seis conjuntamente con su cónyuge María Elena Moreno Montoya inscribiendo su derecho en la Partida Registral número 44933322; afirma que con la finalidad de resguardar su propiedad de posibles embargos por la empresa SIDERPERÚ la cual tenía créditos pendientes decidió poner el bien a nombre de terceros otorgando para dicho efecto con fecha uno de junio de dos mil, un poder a nombre de su suegra Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno para que adquiera la propiedad la cual se materializó el siete de julio de dos mil inscribiéndose el referido acto jurídico en el Asiento número C00001 de la Partida Registral número 44933322; indica que según Escritura Pública de compraventa de fecha once de diciembre de dos mil su suegra le restituyó el derecho de dominio del citado bien inmueble acto jurídico que no fue inscrito en los Registros Públicos iniciando posteriormente los trámites de divorcio con su esposa declarándose fundada dicha demanda en el año dos mil siete constituyendo dicho inmueble bien de la sociedad de gananciales; señala que con fecha veinte de octubre de dos mil seis tomó conocimiento que su suegra Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno había transferido el referido inmueble a la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado quienes constituyeron hipoteca sobre el citado bien hasta por la suma de ciento seis mil trescientos cuarenta y tres dólares americanos con setenta y cinco centavos (US$.106,343.75); considera que dicha venta es contraria al orden público y a las buenas costumbres pues la persona que realizó la venta no era propietaria del inmueble toda vez que adquirió el mismo mediante un mandato sin representación el cual se encuentra inscrito en la Partida número 11198724. SEGUNDO: Que, admitida a trámite la demanda se apersonó al proceso la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado por escrito de fojas ciento siete contestando la demanda en los siguientes términos: i) a mérito de la Escritura Pública de compraventa de fecha veinte de octubre de dos mil seis adquirieron a título oneroso el inmueble materia de litis por la suma de ciento veinticinco mil dólares americanos (US$.125,000.00) figurando la vendedora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno como propietaria del referido predio y efectuando la compraventa acorde a la información registral vigente inscribiendo posteriormente dicho acto; ii) en la Escritura Pública por la que se transfirió el inmueble a su suegra no se declara en absoluto que la compradora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno actúa en virtud de un mandato, lo que demuestra la buena fe de los recurrentes compradores. TERCERO: Que, mediante escrito de fojas ciento ochenta y ocho el Banco de  Crédito del Perú se apersona al proceso y contesta la demanda refiriendo lo siguiente: i) al momento de efectuarse la venta a favor de la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado figuraba en los Registros Públicos como propietaria del mismo la vendedora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno sin existir anotación o medida alguna que desvirtúe dicha condición en tal sentido la afirmación consistente en que la vendedora no era propietaria carece de sustento y no puede oponerse a los terceros que adquirieron derechos bajo la seguridad que otorga el Registro Público; ii) la entidad financiera recurrente no tuvo vínculo alguno con el anterior propietario ni con el demandante ya que la hipoteca constituida a su favor fue otorgada por la sociedad conyugal Mondragón-Coronado; iii) no existe finalidad ilícita en los actos cuya nulidad se pretende ni son contrarios a las leyes que interesan al orden público ni a las buenas costumbres dado que la transferencia efectuada a favor del demandante y su cónyuge no fue inscrita por lo que no resulta oponible a los terceros que adquirieron de buena fe y a título oneroso el bien; iv) la Partida número 11198724 no publicita la propiedad inmueble correspondiendo la misma al Registro de Mandatos y Poderes en el que consta en forma exclusiva la relación existente entre mandante y mandataria a lo que se agrega que en la Escritura Pública del siete de julio de dos mil por la que Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno adquiere el referido inmueble no consta ninguna referencia o indicación de compra de inmueble por encargo o bajo representación por lo que la citada vendedora tenía la calidad de propietaria. CUARTO: Que, habiendo sido declarada en rebeldía la codemandada Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno y valoradas las pruebas presentadas por las partes el Juez de Primera Instancia declaró fundada la demanda por resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil trece en consecuencia nulo el acto jurídico de compraventa contenido en la Escritura Pública de fecha veinte de octubre de dos mil seis otorgada por Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno a favor de la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado respecto al predio sub litis disponiendo la cancelación del asiento registral de inscripción C00002 anotado en la Partida número 44933322 de los Registros de Propiedad Inmueble de Lima estableciéndose lo siguiente: a) al margen de invocarse como causal de nulidad del acto jurídico el fin ilícito atendiendo a que dicho acto constituye una venta de cosa ajena resulta de aplicación la causal de objeto jurídicamente imposible regulado en el artículo 219 inciso 3 del Código Civil; b) los demandados Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado sostienen que la adquisición del inmueble la efectuaron al amparo de la buena fe contemplada en el artículo 2014 del Código Civil sin embargo la buena fe no sólo se sustenta en la exactitud de la inscripción registral sino también en la posibilidad de conocer su inexactitud señalando en tal sentido que basándose en la ponderación de intereses los demandados compradores se encontraban en posibilidad de saber que el bien que adquirían se encontraba ocupado por el demandante y no por su vendedora y que a ésta se le había otorgado un mandato el cual está inscrito en Registros Públicos a efectos que adquiriere el referido bien con obligación de revertirlo a su vendedor (hoy demandante) hechos que permiten concluir que el principio de buena fe no beneficia a los demandados. QUINTO: Que, apelada que fue la precitada resolución la Sala Superior por resolución de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece confirma la sentencia apelada consignando como fundamentos los siguientes: en la apelada se establece esencialmente que quien pretende comprar un inmueble de mucho valor lo primero que tiene que advertir es la ubicación del inmueble o identificar al vendedor, revisar los títulos de propiedad, verificar que el inmueble se encuentra en posesión del comprador o en su caso desocupado, comprobar si el vendedor es en efecto el verdadero dueño, que esté al día en el pago de sus obligaciones tributarias, contratar a un abogado, negociar y finalmente celebrar el contrato situación que no ha sucedido en el caso de autos toda vez que los demandados compradores se encontraban en posibilidad de saber que el bien inmueble estaba ocupado por el demandante y su esposa más no por su vendedora además que la referida vendedora había sido objeto de un mandato inscrito en los Registros Públicos para la adquisición de dicho bien con la obligación de revertirlo a su vendedor quien justamente es el demandante lo que hace concluir que el principio de buena fe no beneficia a los demandados. SEXTO: Que, en el caso de autos en relación a la causal de infracción normativa procesal alegada en los recursos respectivos conviene señalar que la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales que establece el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú constituye un principio que informa sobre el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo un derecho fundamental de los justiciables garantizándose mediante la debida motivación por un lado que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad a la Constitución y las leyes y del otro que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. SÉTIMO: Que, en cuanto a la denuncia referida en el considerando anterior se verifica que los fundamentos vertidos por los recurrentes carecen de base cierta toda vez que en la sentencia de mérito no se verifica la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso pues la misma según  se aprecia aparece motivada y contiene la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta. OCTAVO: Que, en relación a la causal de infracción normativa de derecho material denunciada por los impugnantes es necesario tener en consideración que el artículo 2014 del Código Civil establece que: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos. La buena fe se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro” apreciándose del texto literal precitado dos aspectos claramente distinguibles: la normatividad sustantiva recoge el denominado Principio de la Fe Pública registral cuyo fundamento radica en la necesidad de asegurar el tráfico patrimonial así como proteger las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen los terceros adquirientes que se hayan producido confiados en el contenido de los asientos registrales en tal sentido la buena fe registral busca proteger la adquisición efectuada a título oneroso y de buena fe de quien aparece en el Registro como titular registral contra cualquier intento de enervar dicha adquisición que se fundamente en causas no inscritas antes debiendo señalarse en segundo lugar que la norma ut supra establece que la buena fe deberá reputarse a favor del tercerista en tanto no se demuestre de manera fehaciente e indubitable lo contrario esto es la buena fe se presume a favor del tercero mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro situación que en doctrina se concibe como una presunción iuris tantum. NOVENO: Que, sobre el particular se aprecia que las instancias de mérito concluyen que los terceros conformados por la sociedad conyugal Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado no pueden invocar la buena fe registral por cuanto como demandados compradores se encontraban en posibilidad de conocer que el bien sub litis que adquirían se encontraba ocupado por el demandante y no por su vendedora además que a la citada vendedora se le había entregado un mandato el cual está inscrito en Registros Públicos a efectos de adquirir el referido predio con la obligación de revertirlo a su vendedor quien resulta ser en este caso el hoy demandante. DÉCIMO: Que, sin embargo debe tenerse en cuenta que la precitada interpretación no sólo resulta incongruente con lo normado de manera expresa en el artículo 2014 del Código Civil pues dicha situación no se aprecia de manera cierta en los presentes actuados toda vez que el Principio de Fe Pública Registral busca en realidad proteger a los terceros adquirientes quienes confiados en la exactitud y certeza que brindan las inscripciones registrales realizan la adquisición de bienes inmuebles la cual resultará válida y permanecerá como tal aun cuando posteriormente se anule, rescinda o resuelva el título de su otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Públicos debiendo precisarse que la norma bajo comentario en ningún momento ni circunstancia sugiere o exige de manera expresa que el tercero deba conocer previamente quién es el que se encuentra en posesión del predio que va a adquirir o que deba verificar con antelación si el bien se encuentra desocupado o en su caso establecer si el vendedor era o no el verdadero dueño conforme ha sido sostenido uniformemente por las instancias de mérito pues ello no refleja el sentido mismo de la noma contenida en el artículo 2014 del Código Civil careciendo de sustento fáctico lo sostenido por las instancias de mérito toda vez que conforme se aprecia del contenido mismo de la Partida número 44933322 el predio sub litis fue adquirido por la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado de su vendedora Marina Antonia Montoya Mazzoli viuda de Moreno (fojas once) quien a esa misma fecha y en la misma partida registral aparecía como la anterior propietaria (fojas siete) no apreciándose por lo demás que en tal partida hubiese aparecido algún mandato ni representación a favor de la citada vendedora o en su caso la revocatoria del mismo siendo esto así se acredita que los terceros demandados han adquirido el predio sub litis a título oneroso y de quien aparecía en ese momento con facultades para celebrar el acto traslativo habiendo por tanto actuado al amparo del Principio de Buena Fe Registral debiendo agregarse que el demandante en su escrito de demanda ha declarado expresamente en el punto quinto de sus fundamentos de hecho que: “a mediados del año dos mil dos comienzan los problemas conyugales con mi cónyuge, y por mandato judicial me veo obligado a tener que dejar de vivir en el hogar conyugal (...)” reconociendo el demandante que no se encontraba residiendo en el predio sub materia desde el año dos mil dos por lo que aun en el supuesto negado que fuera exigible que el tercero debiera conocer quién es el que se encontraba en posesión del predio sub litis cierto es que a partir de esa fecha no era el demandante el que se encontraba residiendo en el referido inmueble por cuya razón lo consignado por las instancias de mérito carece de sustento fáctico alguno debiendo en consecuencia declararse fundado el recurso por la causal de infracción normativa de derecho material contenida en el artículo 2014 del Código Civil al haber actuado los recurrentes amparados por el Principio de Fe Pública Registral al momento de adquirir el predio sub litis. DÉCIMO PRIMERO: Que, asimismo es menester señalar de manera complementaria que al haberse determinado la buena fe con la que han actuado los terceros ahora recurrentes resulta de aplicación al presente caso el principio registral previsto por el  artículo 2013 del Código Civil referente al Principio de Legitimación el cual establece que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez toda vez que la sociedad conyugal conformada por Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado adquirieron la propiedad del bien de quien aparecía en el Registro Público con facultad para transferir registrando su derecho el cual no fue materia de observación registral alguna anotándose el quince de noviembre de dos mil seis conforme se aprecia de la respectiva ficha registral. DÉCIMO SEGUNDO: Que, habiéndose denunciado la infracción normativa del artículo 2022 del Código Civil referente a la oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos debe dejarse establecido que en el caso de autos no se debate la oponibilidad del derecho del demandante frente al derecho de propiedad de los demandados pues lo que ha sido materia del contradictorio es la validez del acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha veinte de octubre de dos mil seis así como la cancelación del asiento registral de la Partida número 44933322 por considerar que dicho acto se encuentra incurso en la causal de fi n ilícito deviniendo por tanto en impertinente la aplicación de dicha norma a los hechos establecidos en el presente proceso no siendo tampoco de aplicación al caso concreto las normas contenidas en los artículos 194, 1810 y 2019 del Código Civil pues los recurrentes no han cumplido los requisitos de procedencia exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil al no describir con claridad y precisión la infracción normativa denunciada en cada caso ni demostrar la incidencia directa de dichas infracciones sobre la decisión judicial impugnada. Estando a lo expuesto resulta de aplicación lo dispuesto en la primera parte del artículo 396 del Código Procesal Civil; consideraciones por las cuales declararon: FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por el Banco de Crédito del Perú y Erick Manfredo Mondragón Olaya e Ilia Karim Coronado Alvarado; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas quinientos sesenta y seis, de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y actuando como sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas cuatrocientos treinta y dos de fecha veinticinco de enero de dos mil trece que declara fundada la demanda y REFORMANDO la misma declararon infundada la demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral interpuesta; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Julio Francisco Díaz Ríos con Erick Manfredo Mondragón Olaya y otros sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema. S.S. MENDOZA RAMÍREZ, TELLO GILARDI, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS
C-1359716-3